Derivado del otorgamiento de la suspensión definitiva concedida por la autoridad judicial federal competente, para que el INE suspendiera sus actividades tendentes a la preparación de las elecciones judiciales de junio de 2025, la autoridad rebelde pidió revocar la suspensión definitiva.

Por supuesto que el juez de distrito negó revocar la suspensión definitiva otorgada a la JUDEF, Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito. Por lo tanto, continúa firme dentro de los autos del expediente. Por cierto, quien promovió el improcedente recurso fue el vocal ejecutivo de la junta estatal del estado de Michoacán, en representación del INE.

El vocal ejecutivo argumentó que la Sala Superior del TEPJF les autorizó continuar con el trámite, en la sentencia dictada en el expediente SUP-AG-632/2024. A su vez, el juez expresó en sus argumentos que lo resuelto por el TEPJF no tiene efectos vinculantes para el juez de distrito y carece de fuerza jurídica en los autos del juicio de amparo.

Así las cosas, el INE sigue sin respetar la suspensión definitiva a pesar de haber sido sancionado con poco más de 100 mil pesos de multa por no acatar la suspensión. Después de la multa puede venir la destitución de los consejeros rebeldes y su procesamiento por la vía penal. Al menos eso dice la ley, misma que ha dejado de tener validez para las autoridades de la Cuarta Transformación, o bien, ellos crearon su propia interpretación de las normas. Como lo dijera AMLO, “no me salgan con que la ley es la ley”.

Veamos un claro ejemplo del desparpajo y cinismo del senador y presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández, quien en charla pública –con sus seguidores– se burló de las autoridades del Poder Judicial, específicamente del juez Sergio Santamaría Chamú y el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.

Entre otras idioteces (no se les puede calificar de otra manera): “Lo hubiera hecho mañana 28 de diciembre, por lo menos habríamos valorado su sentido del humor, pero lo hizo hoy 27 de diciembre; le dijo al INE que tiene 48 horas para respetar el amparo que emitió el angelito parando –según él– el proceso electoral, dice que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no tiene facultades; ay, cabrón, es que si no me río…”

Siguió: “¿Que su juzgado es república independiente?, ¿Que él manda sobre la Patria..? ¡48 horas! No sé si las del Día de los Santos Inocentes cuentan”.

Así se expresó, entre risas, el expetista y hoy morenista. Basta y manifiesta ignorancia del senador en materia de Derechos de Amparo; neófito y lo presume públicamente.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Fernández Noroña, afirmó que las acciones de estos jueces son “para destituirlos”; e hizo referencia al proyecto de inconstitucionalidad de la Reforma Judicial propuesto por el ministro Juan Luis González Alcántara, a quien criticó por su “alto pedorraje” y por querer darle clases al pueblo de ética y política siendo un abogado “sin moral y sin principios”.

Y agregó en su coloquio: “Vale recordar que este tema fue discutido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y rechazado por la mayoría de los integrantes”.

Otra vez su ignorancia. El asunto nunca fue discutido de fondo, simplemente no se reunieron los 8 votos para entrar al análisis, discusión y resolución de la inconstitucionalidad de los actos procesales cometidos durante el proceso de reforma a la Constitución. El cínico y sinvergüenza senador miente, además de evidenciar su evidente megatorpeza en materia de Derecho.

En su diálogo en redes siguió luciendo su manifiesta estupidez. Dijo, entre otras cosas, que: “Reto a este juez pedorro y a González Alcántara Carrancá a que me digan en qué parte de la Constitución tienen semejantes atribuciones para parar la Constitución; además, con los argumentos falaces que utilizan para conceder amparos...” Le vale madre al tipo, dice que él manda y que está por encima de todo.

Y así continuaron las expresiones estúpidas de Gerardo Fernández, entre risas al afirmar que ambos tienen desconocimiento sobre Derecho y las facultades que cada uno tiene en su cargo, es decir, que entre sus tareas no figura el frenar algo que está estipulado en la Carta Magna.

¿En qué momento los representantes populares y servidores públicos cayeron tan bajo en su ignorancia?

Lo más lamentable de la total y falta de respeto a las autoridades judiciales es la verdadera crisis constitucional que han generado y que la enorme mayoría de los mexicanos pasan por alto, sea por falta de interés, sea por apoyar la destrucción del Poder Judicial o simple valemadrismo.

El perjuicio es para todos los mexicanos, estén o no estén de acuerdo con los atropellos a la ley y los abusos de autoridad.

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