Los distintos “comandantes supremos” de las Fuerzas Armadas permanentes (presidentes), ante la incapacidad de los civiles, han obligado al Ejército y a la Marina a resolver problemas de inseguridad pública. También han fracasado.

Ni Felipe Calderón ni Enrique Peña, mucho menos Andrés López, han logrado, por medio de soldados y marinos, amainar la fuerza de la delincuencia organizada. Por el contrario, aun con las Fuerzas Armadas en las calles, la inseguridad se incrementó mucho más. Aunque el mitómano de López Obrador asegure lo contrario. Más de 126 mil asesinatos en apenas 3 años 10 meses del gobierno de la 4T, desmiente las falacias del presidente.

Si el gobierno de AMLO se preocupa por prorrogar más allá de su mandato el uso de las Fuerzas Armadas en las calles, es síntoma inequívoco de su derrota en el combate a la seguridad pública, a pesar de todas las irregularidades constitucionales, legales y operativas que ha cometido.

López Obrador, en su afán de fortalecer a las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, les ha proporcionado presupuesto público inimaginable, dejando desnudos a los gobiernos de los estados para un combate más eficiente y efectivo en beneficio de la seguridad pública; eliminó el traslado de presupuesto público para policías estatales y municipales. Ello coadyuvó a generar más violencia.

Los legisladores federales, ignorantes en materia de seguridad pública, se desgarran para decidir si los militares y marinos seguirán más allá del mandato de AMLO, en lugar de ahondar las discusiones sobre el rotundo fracaso del programa de seguridad pública.

La disputa la centran en si aquellos siguen o no en las calles haciendo labor de policías, cuando durante tres sexenios han probado no tener la capacidad. ¿Será por aquello del 10% de conocimiento y 90% de honestidad?

Al presidente se le ha apoyado como a ningún otro, desde caprichos y programas fallidos. Sus legisladores le han aprobado todo. El fracaso es evidente, los soldados y marinos no pueden.

El colmo, el gobierno de la 4T ha desmantelado el sistema de seguridad pública en los estados al negarles recursos públicos federales para capacitación, preparación, pertrechos, salarios, prestaciones, instalaciones, equipo adecuado, vehículos, etcétera. Por eso los delincuentes les llevan la delantera.

Los políticos solo han servido para echarse culpas, mientras la población sufre las consecuencias de la inseguridad.

AMLO utiliza a las Fuerzas Armadas como “arma política”, no como solución a los problemas de inseguridad.

Los legisladores se disputan la permanencia de marinos y militares en las calles. ¿Y los programas para combatir la delincuencia? ¿¡Abrazos y no balazos!? Probado en demasía que no sirve ese programa gubernamental.

La violencia creció, no solo los homicidios, los desaparecidos, el tráfico de estupefacientes, tráfico de personas y muchos más delitos. Eso parece no importarle a los legisladores. El meollo es si se quedan o no más tiempo en las calles las Fuerzas Armadas. ¿Para qué si no pueden con la delincuencia? Mucho más grave cuando el comandante supremo obliga a las fuerzas castrenses a no disparar a los delincuentes.

Conociendo los delincuentes las limitaciones y desventajas de marinos y soldados, constantemente han sido vilipendiados, golpeados, insultados, corrido, desarmados y humillados.

Los delincuentes “blanden” sus armas frente a militares y marinos, lo cual de suyo es un delito, pero no pueden actuar, no les es permitido. ¿Para qué entonces concederles más tiempo en las calles?

Militares y marinos están hartos de ser utilizados y humillados.

Pero el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Andrés López Obrador, no les permite actuar. Todo es un juego perverso de los políticos, mientras el desprestigio crece en contra de las corporaciones que fueron de las mejores calificadas en confianza que cualquiera otra dependencia del gobierno. Las fuerzas castrenses han venido perdiendo.

Luego el mismo gobierno de la 4T los involucra en el problema de los 43 normalistas asesinados; más tarde los “empinan” en el espionaje a civiles considerados opositores al gobierno. López Obrador, sin embargo, los exonera de toda culpa, no quiere que pierdan la confianza en el comandante supremo; asegura que los errores de soldados y marinos ha sido culpa de órdenes emanadas de los civiles. ¿Cuáles civiles? Las Fuerzas Armadas permanentes solo obedecen al comandante supremo y en esta ocasión es López Obrador. Por lo tanto, toda la culpa es del mismo presidente de la República Mexicana y ese se llama Andrés Manuel López Obrador.

Si los legisladores federales deciden que las Fuerzas Armadas permanentes estén más tiempo en las calles realizando actividades de competencia policial, nada de ello cambiará en el combate a la delincuencia. Si deciden lo contrario, será exactamente lo mismo.

El fondo del problema es político, no de seguridad pública.

Mientras tanto, esos políticos en disputa, ponen en juego el prestigio de soldados y marinos, obligándolos a realizar actividades que no son competencia militar.

No olvidemos que en la SCJN está pendiente de resolver si declara o no la inconstitucionalidad de varias normas inconstitucionales; habida cuenta y a razón de que AMLO obligó a que la fuerza civil de la Guardia Nacional dependa jerárquicamente de la Sedena. Más elementos humanos que no pueden con la inseguridad pública que reina en el país.

Lo que sí resulta cierto e inequívoco: el gobierno de la 4T sigue su plan de militarizar muchas funciones de competencia civil. Y no hay quien lo detenga.

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