Primer acto. AMLO propone que el dinero de la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial, se done a los damnificados del huracán Otis. Antes era para los pobres, luego para becas.

Segundo acto. La ministra Norma Lucía Piña Hernández, Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, propone: “generar el canal institucional para dialogar los términos con la finalidad de concretar la propuesta”.

Tercero acto. Difunden los medios de comunicación que la ministra acepta propuesta de AMLO.

Cuarto acto. Excelente jugada de la ministra. Esta vez, de carácter político.

Quinto acto. Cerca de mil juicios de amparo han iniciado los empleados del Poder Judicial, para detener la inconstitucional reforma a su Ley Orgánica, dado que afecta directamente sus derechos contractuales.

Ahora bien. Es falso que la presidenta de la SCJN haya aceptado la ilegalidad que propone el presidente López Obrador. Dicen los abogados litigantes: falso de toda falsedad.

El pasado 26 de octubre, parte del equipo del Consejo de la Judicatura Federal, acudió a la Cámara de Diputados, para exponer lo relativo al presupuesto del PJF para el último año del gobierno de AMLO. Argumentaron que la propuesta de presupuesto solo incrementa el 3.3%, en términos reales, en relación a la inflación. Que, desde 2017, el presupuesto del PJF se ha visto disminuido. Y que ellos resuelven 1.8 millones de expedientes al año, con incrementos permanentes en la carga laboral, así como las necesidades para su atención. O sea, no tienen dinero para andar regalando o donando.

Así las cosas, la ministra presidenta, en los 5 párrafos de su oficio SCJN/PRESIDENCIA/64/2023, fecha 31 de octubre, en ningún momento acepta dar en donación el dinero de los fideicomisos. De hecho, la ministra caería en ilegalidad.

En primer término, la reforma ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación; el decreto fue impugnado jurídicamente y mientras no se resuelva el fondo del asunto, los fideicomisos se encuentran “sub judice”.

La ministra no puede disponer de esos recursos. Según el decreto, artículo segundo transitorio, el proceso de extinción debió iniciarse y para eso se tienen 120 días hábiles.

Por esa sencilla razón la ministra propone: “generar el canal institucional para dialogar los términos con la finalidad de concretar la propuesta”.

¿Qué procedería de acuerdo a la jugada magistral de la ministra presidenta? Primero, que no se pueden vulnerar los derechos de los trabajadores (prestaciones contractuales). Por lo tanto, ese dinero debe quedar intocado. Segundo ¿Cuánto dinero sobraría después de salvaguardar esos derechos? Bueno, para entonces, si sobran recursos, esos se donarían a los damnificados.

Nada de que la ministra aceptó realizar un acto ilegal. Es más, ya no está dentro de su esfera de competencia legal ¿Se confundieron o les ganó la perversidad?

Miles de empleados iniciaron juicios de amparo colectivo en contra del Poder Legislativo derivado del abuso de autoridad cometido en agravio de esos miles de trabajadores; juicios en contra del Poder Ejecutivo por la promulgación y publicación del decreto, otro abuso cometido en contra de la clase trabajadora. Además, se espera juicio de inconstitucionalidad que promoverán los legisladores de oposición.

De ahí que los medios de comunicación, que seguramente quieren apoyar a López Obrador, tergiversen el contenido del oficio de la ministra o ¿Acaso será ignorancia jurídica?

Sería otra exhibida por parte de la ministra en contra de AMLO, de aceptar la formación de canales institucionales para generar los términos de la ilegal propuesta del presidente López ¡Norma Piña no cometerá el mismo abuso de sus homólogos!

Por lo pronto, la ministra Norma Piña, ha puesto contra la pared al soberbio presidente. Quien primero propuso donar el dinero de los fideicomisos a estudiantes de familias pobres; luego cambio, dijo, que se obsequie el dinero a los pobres. Aprovechando políticamente la desgracia de miles de guerrerenses, por tercera vez modificó su desatinada idea: ahora quiere que se done un dinero que solo existe en el papel de los contratos de fideicomisos. El populismo de AMLO sin orden, sin pies ni cabeza.

Por eso la atinada y magistral propuesta de la ministra. Seguramente AMLO no aceptará y si cae en la tersa y comedida trampa legal, ellos solos se hundirán más en el lodazal, tal y como lo hizo el presidente en su primera visita a la zona de desastre.

Veremos ahora que maromas hará López Obrador con eso del dinero de los fideicomisos, recursos propiedad de miles de empleados que han iniciado juicios por abusos cometidos por las arbitrarias autoridades.

AMLO no quiso confiscar ese dinero, tomó una ruta equivocada. Solo falta que modifique por cuarta ocasión el argumento, ahora se trate de cusa de utilidad pública y a robar el dinero de particulares.

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