El Inegi (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Historia) informó que Querétaro es el estado número 15 del país con mayor presupuesto en materia de seguridad, y valorando el anuncio, no sé bien a bien si estamos arriba de la media nacional o debajo de la media nacional, con eso de que somos en el país 32 estados.

Lo que sí nos queda claro es que los resultados de la estrategia de seguridad pública de las tres últimas administraciones han quedado muy por debajo de las necesidades del estado. La violencia y la criminalidad constituyen el reto más grave que deberá enfrentar en los próximos años el gobierno del estado encabezado por Mauricio Kuri, que con tres meses apenas en el mando estatal, tiene el beneficio de la duda.

Mal termina el 2021 e inicia el 2022 en materia de seguridad en la entidad, dejando de lado que es verdad que, en otros estados, o en la mayoría de los demás estados de la República, están peor, no deja de ser preocupante lo que sucede en la entidad.

Hay delitos que tienen mayor incidencia que otros, que crecen en su presencia y nos ponen en alerta roja como son: la Violencia familiar, que reportó 324 incidentes en octubre; el narcomenudeo, 150 hechos; violación, 79 casos, y extorsión, 27, de acuerdo con el Semáforo Delictivo.

Se encuentran en amarillo, lesiones, robo a negocio y homicidio.

En la entidad se han desmantelado dos narcolaboratorios; esto, por las fuerzas de seguridad federal. No es cualquier cosa, ya que de acuerdo a la información, estos narcolaboratorios pertenecían al Cártel de Sinaloa.

Mientras, el gobernador Mauricio Kuri aseguró que para 2022 habrá recursos históricos para seguridad, durante el acto en el cual la Asociación San Francisco Juriquilla reconoció la labor de los elementos de la SSC.

Es bueno reconocer la labor de los cuerpos de seguridad, de estimularlos, tanto mediática como económicamente, son bienvenidas las buenas intenciones; pero no basta para mantener a Querétaro como un estado seguro, más si tenemos una zona como es la frontera entre el municipio de Corregidora, de Querétaro, con el de Apaseo, de Guanajuato, zona controlada por la delincuencia organizada.

Es real el compromiso de la administración estatal para asignar mayores recursos al tema de seguridad durante el próximo año, ahora esperemos los buenos resultados, porque tan solo este fin de semana se registran algunos hechos que nos ponen a pensar.

Los siguientes tan solo son ejemplos de los que cotidianamente pasa en la entidad, principalmente en delitos como el robo, el robo de cable, de registros de alcantarillas, de hechos violentos.

Este fin de semana se denunció que graves situaciones enfrentan las empresas de telefonía fija e Internet, debido al constante robo de líneas fabricadas de cobre, hecho que ha derivado en la pérdida del servicio para los clientes, mismos que reclaman falta de atención, afirmaron integrantes del sindicato de telefonistas.

Los denunciantes expresaron que en el municipio de San Juan del Río, actualmente zonas como la comunidad de Paso de Mata, La Estancia, la unidad habitacional Valle Dorado y la zona industrial Valle de Oro, son algunos de los puntos críticos en donde al menos una vez por semana enfrentan el corte de línea y el robo de cable.

Además, en el municipio de Querétaro, donde las autoridades municipales presumen el incremento presupuestal para 2022, se vandalizaron el cárcamo de bombeo ubicado en la calle Elvira Quintana, en la colonia La Joya. Ladrones ingresaron al cuarto de máquinas dañando la puerta de acceso, para robar cerca de 40 metros de cable de cobre, y una fotocelda de las lámparas.

Este robo se suma a los ya documentados, donde se han visto afectadas instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad; por tanto, colonias se han quedado sin energía eléctrica por un par de horas mientras la CFE restablece el servicio por otra vía.

Apenas en la semana se supo que dos sujetos que intentaron robar cable de alta tensión recibieron una fuerte descarga eléctrica y tuvieron que ser hospitalizados.

Por si fuera poco, para variar, también en el municipio de Querétaro, la noche del sábado fue asaltada una gasolinera ubicada en carretera a Chichimequillas a la altura de San José el Alto por un solitario sujeto armado.

Uno de los despachadores fue sorprendido por el agresivo sujeto, el cual sometió al empleado para que le entregara el dinero de las ventas del día. Después de lograr el botín de más de ocho mil pesos, el sujeto huyó sin ser detenido.

Y los ejemplos pueden seguir siendo documentados, son infinidad; pero solo ponemos algunos de este fin de semana, porque si revisamos lo del día a día, semana a semana, se sorprendería cómo cotidianamente son 15, 20 o hasta 50 reportes de robos, violencia, etc.

El problema se agrava con la impunidad y la corrupción.

Son de los problemas más graves que enfrenta el país y Querétaro no es ajeno a ello; aquí existe la percepción generalizada de impunidad para quienes cometen un delito, bien se trate de un ciudadano común o de autoridades que, en complicidad con la delincuencia o por su propia cuenta, cometen delitos de toda índole.

La corrupción se mantiene gracias a los importantes márgenes de impunidad existentes, los cuales, en primera instancia, derivan de la autoridad. La impunidad impacta directamente en el incremento de los niveles de violencia e inseguridad.

Cambiar el escenario de violencia e inseguridad implica trabajo político y técnico de fondo, que inicia con el reconocimiento de las fallas en el diagnóstico y las estrategias hasta ahora implementadas, así como la generación de propuestas específicas para corregir el rumbo.

Tal vez Mauricio Kuri tenga cierta razón al abordar las causas de inseguridad en las comunidades –violencia intrafamiliar, pandillas juveniles, abuso de drogas y alcohol, ausencia de espacios seguros, ausencia de cultura de la legalidad, entre otras–, con la atención de mayores recursos económicos, tal vez esos recursos “históricos” para seguridad, que son destinados para 2022, podrían hacer una diferencia.

Tal vez.

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