La balacera que se desató en el restaurante Los Laureles, que “pasó desapercibida”; el tema de los “desaparecidos” en San Luis Potosí, que resultaron migrantes que iban por el “sueño americano”, entre ellos algunos queretanos; y lo que declaró el senador panista, Alfredo Botello, en el sentido de que se tiene una buena respuesta de las autoridades estatales que le permite tener una situación de tranquilidad diferente a la que se registra en el resto del país, es decir, el gobierno local bien en seguridad, el federal tache, nos da pie a comentar lo que sucede entre percepción y realidad.

Estamos de acuerdo con el senador cuando dice que “se logra educación al atacar la inseguridad a través de obras, infraestructura y empleo, elementos esenciales que sí se tienen claros en Querétaro.

Nada nuevo, son líneas discursivas que ha venido manejando el gobierno federal desde que entró Andrés Manuel López Obrador.

Solo para aportar algo, les diremos que efectivamente, en materia de seguridad o inseguridad, la política social es relevante, siempre y cuando se implemente de modo apropiado con el propósito de reducir el reclutamiento criminal de jóvenes en algunas zonas.

Y en Santa Rosa Jáuregui, Menchaca, Bolaños, San Juan del Río, Corregidora o Michoacán, Zacatecas, Guerrero, Chiapas, Quintana Roo u otros lugares, pues no se reflejan esas políticas sociales.

Y bueno, esa estrategia es solo para crear percepción, porque en realidad no da muchos resultados: ni en el país ni en Querétaro.

Todo indica que en materia de violencia criminal y delitos de alto impacto –como la balacera en Los Laureles, o lo que pasa en Zacatecas, Michoacán o Guanajuato– se trata de una tercera derrota al hilo para el Estado mexicano en el ámbito de la pacificación y la seguridad.

Estamos de acuerdo que ni el gobierno de Calderón (en el que se manifestó por primera vez la crisis de seguridad o inseguridad), ni el de Peña Nieto, ni el de López Obrador (hasta ahora), no solo no lograron reducir la violencia, sino que propiciaron la aparición de nuevas conductas criminales que se han expandido velozmente.

Veamos, los avances son escasos y hay indicadores con retrocesos.

Decir entonces que estamos ante un nuevo “fracaso” no parece exagerado, aquí y en todo el país.

Aunque todo lo podemos llevar al ámbito de la percepción y la realidad.

La actual administración pública federal, es decir, el gobierno federal, llegó pensando que el problema de la violencia durante el sexenio pasado era asunto de “comunicación”, de “narrativa” y de una mala estrategia al declarar la guerra al narco o algo similar.

Desde la mañanera, y en todos los discursos y actos, en todo momento los integrantes del gobierno federal y sus corifeos hacen todo para cambiar la narrativa.

Hay que reconocer que lo que hoy informa el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública es muy superior a lo que informaba en 2018.

También es cierto que en el asunto de comunicación de la violencia, este gobierno federal y estatal es mucho mejor que en los anteriores.

Pero comunicar es solo comunicar, no es la realidad, sino parte de la realidad, o la realidad de quien comunica.

En donde no hay mucho cambio es en la violencia, en el delito, en lo que sucede en las calles, en las casas.

La sociedad mexicana percibe a la inseguridad pública como el principal problema del país hoy en día, y esa percepción va al alza. De acuerdo con datos oficiales, 48 por ciento de los ciudadanos mencionan a la inseguridad pública como el principal problema del país; casi la mitad de la población.

Es decir, en Querétaro, como en todo el país, la percepción sobre seguridad es una narrativa donde se avanza, es buena la percepción que tiene tanto el gobierno federal, estatal y los municipales.

Lo único que los contradice es la realidad, donde tal vez por eso la frase de “cueste lo que cueste y no importando lo que haya que hacer”, funciona, aun a costa de la seguridad de los ciudadanos.

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