El gobierno de la transformación se acostumbró al escándalo, no hay día en el que AMLO o alguno de sus funcionarios no lance alguna nota escandalosa, sin mayor sustento que soporte la información. La tergiversación mediática es el lucro político del presidente.

Calumnia y difama como estrategia político-electoral, siempre acusando de corruptos a los “neoliberales o conservadores”, con la finalidad de ganarse la simpatía de sus seguidores; cotidianamente altera la verdad de los hechos. El presidente no sabe gobernar, de tal suerte que sustenta su administración en la retórica y demagogia que utiliza en las conferencias mañaneras.

Antes de iniciar su gobierno y en campaña (sigue en campaña AMLO), ha hecho uso y abuso de la palabra retorcida. Destruyó miles de millones de pesos de la construcción del Aeropuerto de Texcoco, basado en el tema de la corrupción y tráfico de influencias. Ni un solo acusado de esa supuesta corrupción y tráfico de influencias. Su objetivo, destruir el “símbolo de la corrupción” de los conservadores.

El negocio de la construcción se lo llevó AMLO en el AIFA. En tanto que el gobierno federal adquirió una deuda superior a los 100 mil millones de pesos para pagar a constructores, y la Entidad Superior de Fiscalización calculó un daño superior a los 300 mil millones de pesos. Los mismos que acusó de fraudulentos, se los llevó a la construcción del AIFA.

Los predios de amortiguamiento de su “nuevo aeropuerto” no han sido pagados; no ha indemnizado a los propietarios de esas tierras. El abogado calcula en mil 500 millones de pesos la deuda que no acepta pagar el gobierno federal, a pesar de haber perdido el juicio de amparo que le obliga a cubrir la indemnización por expropiación. Así es el gobierno de la 4T, organiza un escándalo para esconder la suciedad que genera.

AMLO quiere doblegar al Poder Judicial de la Federación por medio de “periodicazos”, acusando de corruptos a los impartidores de justicia, cuando que en cualquier juicio se gana o se pierde de acuerdo con las pruebas que aporten las partes. El presidente no acepta la ineptitud y abusos que a diario comete; es más sencilla y redituable la política del escándalo, la mediatización de la estigmatización del enemigo, por eso las diarias acusaciones de corrupción en contra de todo aquel no se pliegue a sus abusos y caprichos. Le ha dado resultado mediáticamente el descrédito de los neoliberales; pero en el terreno jurídico, constantemente pierde.

Otra pifia de la Unidad de Inteligencia Financiera a cargo de Pablo Gómez Álvarez, quien por cierto es un perfecto lego en Derecho.

¡El escándalo mediático de por medio como arma política!

La UIF, ante la frustración de perder juicios, no poder ganar en la sala de impartición de la justicia por medio de pruebas fehacientes, concatenadas con la debida fundamentación y motivación, lo más sencillo es utilizar la tribuna de las mañaneras; armar escándalo mediático. El descrédito para quienes osan negarles la razón jurídica. Los jueces, magistrados o ministros, por antonomasia obradorista, son corruptos.

Ayer jueves Pablo Gómez, titular de la UIF, volvió a la práctica del escándalo, secundado por el actor principal: AMLO. Se regodean frente a la tribuna presidencial del desprestigio.

Gómez comentó que el 25 de enero pasado, Luis Cárdenas Palomino recibió del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito la protección y el amparo de la Justicia de la Unión. Para cualquier abogado litigante en la materia es lo más normal una sentencia de esta naturaleza; pero debe imperar el escándalo y magnificar su torpeza jurídica, acusando de corruptos a los responsables de impartir justicia. Con la finalidad de desprestigiar a los magistrados que no les dieron la razón jurídica, enunció los nombres de los mismos. A golpearlos y ponerles el dedo, como aquello que le sucedió al periodista Ciro Gómez. Omito los nombres de los magistrados.

Simplistamente, acusó al Poder Judicial de evitar que individuos sujetos a procedimientos jurídicos y que se conoce que realizan actividades de lavado de dinero (el prejuicio y el escándalo) sean incluidos en la lista de personas bloqueadas en el sistema financiero. Solo porque ellos deciden, son delincuentes. El ignorante en Derecho se “sustenta”. Argumentó que Eduardo Medina-Mora Icaza, quien se desempeñó como ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, elaboró la jurisprudencia que fue aprobada por la Segunda Sala y sobre la que se basó la decisión del amparo sobre Cárdenas Palomino. ¡Falso! Un solo ministro no hace jurisprudencia. Bien que engaña a los ignorantes del Derecho como Pablo Gómez, AMLO y seguidores.

El leguleyo de Gómez dijo que el máximo tribunal resolvió un amparo, con lo que se generó una “tesis” (antes dijo jurisprudencia, son diferentes) que establece que el procedimiento de bloqueo que se realiza de acuerdo con la ley, carece de certeza y de seguridad jurídica. Se trompica con los términos jurídicos, pero la nota del escándalo, el golpe mediático está dado.

Luego hablaría de “criterio jurídico malinchista”, “antinacional e inconstitucional”, “convalidar actividades ilícitas”, “proteger” a criminales de la delincuencia organizada y “corruptos”. Duro con la retórica de la ignorancia, el engaño y el escándalo mediático.

El dolido se quejó porque el exdirector de Seguridad Regional de la Policía Federal contaba con un bloqueo a una cuenta que contenía 5 millones y medio de pesos, pero este tuvo que ser retirado tras la sentencia de un juez. ¡Pablo Gómez y AMLO pierden por ignorantes en materia jurídica!

También se dolió el nefasto litigante en los medios, a virtud de que el juez sí puede ordenar a la UIF que desbloquee la cuenta bloqueada. “Tenemos una cuenta bloqueada de 5 millones y medio”, el juez lo desbloqueó y al día siguiente adiós, esa es la trampa de la cosa.

Para cerrar este capítulo de la aberrante ignorancia, mala fe y el escándalo mediático de los funcionarios de la 4T, López Obrador afirmó que la decisión sobre el amparo es una afrenta a la justicia. ¿Quién diablos es AMLO para descalificar a los jueces? El energúmeno debe dedicarse a lo suyo y no estar golpeando con base en escándalos a los impartidores de justicia.

López Obrador debiera estar en la cárcel por su reiterada conducta contumaz de incumplir con las resoluciones judiciales.

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