Parecía que los diputados federales de oposición no presentarían acción de inconstitucionalidad en contra de la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Pero no fue así. El fin de semana terminaron de armar el documento que contiene las pruebas, los razonamientos y fundamentos de derecho e impulsaron la acción legal, legisladores (as) panistas, priistas y perredistas.

Esta vez la oposición alega que morenistas y acompañantes violaron el procedimiento legislativo. Acomodaron las cosas desde la comisión de dictamen, en la que, sin tener el quórum legal para sesionar, no solo actuaron ilegalmente, también hicieron cambios en los legisladores que conformaron la comisión para tener mayoría. “Atascados” los siervos de López Obrador, quien les exigió que cuidaran ese trámite para que no les fuesen a echar abajo la inconstitucionalidad del proceso. Pues no cumplieron. Volvieron a violentar su marco normativo. ¿Será por aquello de: no me salgan con que la ley es la ley?

En la argumentación alegan que violan la autonomía del Poder Judicial, al “meter mano” en la administración de sus recursos y la manera de administrar. Por supuesto que tienen razón, ninguno de los tres poderes es superior a otro (trastocaron el equilibrio de poderes) y no pueden ni deben decidir cómo o de qué manera deben administrar sus recursos. En su caso, si hubiese abusos en el uso del erario, es la Entidad Superior de Fiscalización la responsable de realizar observaciones, y en su caso, presentar las denuncias correspondientes.

Hemos reiterado, además, que el Poder Ejecutivo estaría confiscando por medio de un “albazo” legislativo, dinero propiedad de los trabajadores; acto confiscatorio inconstitucional evidente y abusivo; robar los ahorros de los trabajadores, acto de autoridad que carece de cualquier justificación legal, mucho menos constitucional. De ahí que se denomine acción de inconstitucionalidad.

Precisamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la instancia responsable de evitar y corregir cualquier abuso que llegan a cometer las autoridades en el abusivo ejercicio de sus atribuciones. Y en el caso de la acción de inconstitucionalidad presentada, evidentemente que tanto legisladores como AMLO cometieron abuso de autoridad, arbitrariedad que se corregirá cuando decreten la inconstitucionalidad y las cosas se retrotraigan hasta antes de la violación a la Constitución y al marco normativo de la misma Cámara de Diputados.

AMLO se quedará con las ganas de “robarse” el dinero del Poder Judicial de la Federación y de los trabajadores.

Nada de que sea propiedad de los ministros como lo ha difundido falazmente el presidente López Obrador y su candidata a sucederlo, esa mentira será utilizada como prueba en su contra.

Al presidente y a los senadores morenistas, por cierto, les urge nombrar a la nueva ministra (por aquello de la renuncia del lacayo de Arturo Zaldívar), dado que es un voto más que necesita AMLO para alcanzar al menos tres, y si logra presionar a otra u otro ministro, el Pleno no alcanzaría los 8 votos necesarios para conseguir la sentencia de inconstitucionalidad y revertir el abuso de autoridad cometido por la mayoría simple de legisladores afines al gobierno.

Al menos, AMLO tiene dos votos cautivos, los de Loretta y Yasmín; los otros ministros propuesto por el mismo López Orador (quienes se encuentran en funciones) han sido calificados de traidores por no apoyar las ilegalidades del presidente, de ahí que el autor de la arbitrariedad no tenga esos votos en su poder. AMLO quiere súbditos, afines a su política partidista depredadora; no quiere ministros autónomos que se encarguen de impartir justicia con imparcialidad. A López le interesa tener ministros subordinados a sus intereses, no leales a la Constitución e impulsores de la legalidad.

La elección de la nueva ministra (propuso terna de tres mujeres) vino a complicar y ensombrecer el panorama jurisdiccional de la Corte, a poner en riesgo la declaratoria de inconstitucionalidad del acto abusivo de extinguir fideicomisos de otro poder público, por disposición de los otros dos poderes; de suyo violan la Constitución al entrometerse en la vida interna de la administración que solo compete al Consejo de la Judicatura, órgano de autoridad del Poder Judicial de la Federación.

Si el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve con 10 ministros en funciones, sería lo más recomendable antes de tener a otra morenista en el ejercicio de la Judicatura.

Sin embargo, senadores morenistas se aprestan a someter al pleno la elección de la nueva ministra la semana que está por iniciar, la cual hasta hoy no alcanzaría la votación calificada. Por cierto, estará de regreso el “agachón” y perdidoso Ricardo Monreal, quien seguramente defenderá la propuesta del presidente.

AMLO y senadores morenistas, más sumisos aliados, apuestan a tener tres votos cautivos permanentes en el Pleno de la SCJN, con la llegada de la nueva ministra. De tal suerte que, a falta de una de ellas, solo tendrían dos votos seguros, los de Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel. De ahí que los abusivos no quieren esperar hasta el siguiente periodo extraordinario u ordinario de sesiones. Les urge nombrar a cualquiera de las tres morenistas, de suyo impedidas constitucionalmente por su filiación partidista y política con el partido en el poder.

En otros asuntos que ha resuelto la Corte de declarar la inconstitucionalidad ha perdido la votación el arbitrario del presidente Andrés López.

La mayoría de los mexicanos esperan la misma votación de los ministros; 8 votos en contra de AMLO y asunto resuelto, se desvanece el abuso de autoridad de los actos legislativos, de promulgación y publicación del inconstitucional decreto.

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