Hasta el viernes 19 de este mes se contabilizaban 184 mil 471 homicidios en lo que va del sexenio de la muerte de López Obrador. ¿Los asesinados no tenían derecho a la protección y seguridad que debe otorgar del Estado?

A principios de mes asesinaron en Celaya, Guanajuato, a la candidata de Morena a la presidencia municipal, Gisela Gaytán Gutiérrez.

¿Por tratarse de una persona partidista y en campaña tiene mayor derecho que el resto de los mexicanos?

Después del homicidio en uno de los municipios más violentos del país y del mundo, vino el cruce de acusaciones entre autoridades federales, estatales y electorales. ¿De quién fue la culpa de que asesinaran a la candidata frente muchos de sus seguidores?

Mario Delgado y su candidata a la Presidencia de la República, de inmediato a la cargada, a culpar al gobierno panista.

La periodista y caricatura al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal –de cuyo nombre no quiero acordarme– hizo referencia en el patíbulo de la mañanera, que había sido responsabilidad del gobierno de Guanajuato. El papeleo para darle seguridad a la candidata quedó en mero trámite inconcluso. La presidenta de la Ople en Guanajuato también tuvo que declarar. Ahora resulta que las autoridades electorales también son responsables de brindar seguridad a los candidatos, al menos del trámite.

A sacudirse la responsabilidad política. Recordemos que esa zona es controlada por el cartel conocido como Santa Rosa de Lima, organización criminal que compete al gobierno federal combatir, principalmente, no sin el respaldo del gobierno estatal y municipal. 565 homicidios cometidos el año anterior; ninguno causó tanta polémica entre los políticos como el asesinato de la morenista.

Otro resultado patente del fracaso de la política de los “abrazos a los delincuentes y los balazos” para la población, implementada por el gobernó amloísta. En este gobierno federal la violencia se incrementó exponencialmente, hecho contundente que niega el gobierno de la “transformación”.

Con bombo y platillo, autoridades del gobierno federal –gabinete de seguridad– y del INE anunciaron medidas de protección para los candidatos que lo solicitaran, previo engorroso trámite administrativo. ¿Por qué solo a los políticos trato especial? ¿Y el resto de la población no tiene el mismo derecho?

De acuerdo a la Constitución, artículo 21, es obligación del Estado mexicano brindar seguridad pública a toda la población que se encuentre en territorio mexicano. La responsabilidad es compartida entre los tres órdenes de gobierno –federal, estatal y municipal–, acorde a sus competencias; ninguno está excluido de brindar protección a la población.

De tal suerte que la disputa entre autoridades y políticos, quienes solo buscan “sacar raja” del homicidio, no es válido.

Han dejado al INE y a las Oples en medio del problema. Por medio de los organismos electorales se debe solicitar la seguridad pública personalizada solo para aquellos que la soliciten, hasta entonces se les asignan elementos de seguridad, sean municipales, estatales o federales.

Los tres órdenes de gobierno comparten responsabilidad en materia de seguridad pública. Ahora bien, cabe recordar que el gobierno federal recortó los presupuestos en la partida de participaciones federales a los estados y municipios en materia de seguridad pública; disminuyó el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. Y desapareció los subsidios al programa de Fortalecimiento para la Seguridad.

Por ello hoy es tema de las campañas electorales dar mayor presupuesto en esta materia.

Injustificadamente, el gobierno de López Obrador disminuyó el presupuesto en materia de seguridad miles de millones de pesos para los estados y municipios, se los llevó a la Sedena y Guardia Nacional. Claro, para sus inútiles obras miles de millones de dólares, por eso tanto recorte, además de los desvíos presupuestarios, como los cometidos por Rocío Nahle, exsecretaria de Energía, a quien le han encontrado innumerables propiedades y dinero en el extranjero. ¿De dónde?

¡Qué tan atrasado está el gobierno federal, que el 18 de este mes apenas publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de convenio para dar apoyos a estados en la búsqueda de los desaparecidos! Es materia de seguridad pública.

El gobierno federal publica en el Diario Oficial de la Federación: “los lineamientos que tienen por objeto establecer las disposiciones para la gestión, otorgamiento, administración, ejercicio, seguimiento, verificación y evaluación de los recursos y metas del Subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, y en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función, así como dar a conocer la fórmula de elegibilidad y de distribución de los recursos, el listado de municipios y demarcaciones territoriales beneficiarios y el monto de asignación”.

Dice el gobierno federal que el objetivo del Fortaseg es apoyar a los beneficiarios mediante la profesionalización, la certificación y el equipamiento de los elementos policiales de las instituciones de seguridad pública, así como al fortalecimiento tecnológico, de equipo e infraestructura de las instituciones de seguridad pública y a la prevención social de la violencia y la delincuencia, en alineación con los Ejes, Programas con Prioridad Nacional y Subprogramas aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

En la práctica fue letra muerta. Los homicidios y la violencia crecieron en México. De tal suerte que no es válido que Morena, su candidata y el gobierno federal lucren con la muerte de ninguna persona.

El Estado es el responsable de brindar seguridad pública a toda la población, sin distingos. Empezando por el gobierno de López Obrador.

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