La descomposición social empieza a apestar cuando la libertad de expresión no solo se ve amenazada, sino agredida, violentada; se prenden los focos rojos, porque lo primero que hacen los gobiernos autoritarios, dictatoriales, es controlar a los medios de comunicación, incluyendo a los nuevos espacios que surgen de las redes sociales.

Los ahogan por la vía económica, o por la vía violenta; muchas veces aplican la sentencia de: plata o plomo. Una nueva violencia se cierne cada día con más presencia sobre el trabajo de los informadores, su desprestigio en las redes sociales, la violencia digital.

En 2020, según los datos recabados por la organización Artículo 19, de 692 agresores documentados, 343 eran funcionarios públicos, y de ellos, en 188 casos se trataba de presidentes municipales, regidores, diputados o personal de comunicación social; 144 eran policías de cualquier nivel, y 11, militares de los distintos cuerpos.

Solo 14 estados tienen medidas de protección a reporteros, y no tengo la certeza si en Querétaro se cuenta con ello.

Cuando no hay protección o garantía de que las agresiones contra periodistas sean investigadas y de que además se sancione a responsables, en ese momento se atenta contra la libertad de expresión y pierde la sociedad en general.

¿Cuáles son las garantías que ofrece la autoridad para que el periodismo –principalmente el que se realiza en las pequeñas ciudades del país– siga realizando la tarea de documentar aquellas acciones de gobierno que pasan sobre la sociedad o de señalar a aquellos funcionarios que utilizan mal su cargo público?

El fin de semana asesinaron con disparo de arma de fuego a la periodista Lourdes Maldonado, en el estacionamiento de su casa, fue en Tijuana. Acababa de ganar un litigio de 9 años al exgobernador Jaime Bonilla, por despido injustificado. Había pedido protección al presidente Andrés Manuel López Obrador en el espacio de La Mañanera; ahí dijo que temía por su vida.

Apenas el lunes pasado, mataron en Tijuana –a las puertas de su casa– al fotoperiodista Margarito Martínez.

Y unos días antes, el pasado 10 de enero, en el puerto de Veracruz fue asesinado el periodista José Luis Gamboa Arenas.

María Elena Ferral, periodista con 30 años de trayectoria en el periodismo veracruzano, denunció las redes de complicidad del poder económico y político en la región de Papantla- Gutiérrez Zamora. Identificó también a quienes el 21 de marzo de 2018 asesinaron a Leobardo Vázquez Atzin, periodista propietario de un portal de noticias, investigación que no pudieron concretar las autoridades.

Lo anterior le costó la vida. El 30 de marzo de 2020 María Elena fue interceptada y asesinada por dos hombres frente a una notaría de Papantla. Recibió tres impactos de bala que perforaron órganos vitales.

Son solo unos ejemplos de la silenciosa violencia de que es objeto el gremio periodístico, no de ahora, sino desde siempre.

La realidad es que urge pasar de las condolencias y las investigaciones, que son solo retóricas, a una verdadera protección para los periodistas, en todas sus vertientes. En la mayoría de los casos, la violencia criminal contra los reporteros proviene de cárteles en forma y grupos delictivos menores, además de políticos y autoridades en colusión.

Es una realidad –no de ahora, sino desde siempre– que los mecanismos oficiales de protección a periodistas y defensores de derechos humanos son mera retórica, en la mayoría de los casos.

Estos crímenes, como todos los demás, en este México rebasado por la violencia, quedan impunes.

La figura de la protección a los periodistas está rebasada por la escalada de violencia que sufren. No hay recursos suficientes y quienes evalúan el riesgo que corren los reporteros no tienen la capacitación adecuada, por lo que muchos profesionales se ven obligados a refugiarse lejos de sus residencias y a silenciar su trabajo, es decir, los agresores logran lo que buscan.

Dejar sin castigo las agresiones es un incentivo perverso para que la violencia, de todos tipos, y los homicidios contra periodistas continúen cometiéndose.

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