Tras la detención del “capo de capos”, Rafael Caro Quintero, el gobierno de la 4T de inmediato planteó la posibilidad de extradición a los EU, a razón de la solicitud de autoridad judicial de los Estados Unidos, haciendo a un lado el cumplimiento de la sentencia de pena de prisión dictada por autoridad judicial federal.

Los medios de comunicación han abordado desde entonces el tema, sin mayores fundamentos jurídicos. Dan prioridad a su información sobre las suspensiones que ha obtenido Caro Quintero, por medio de orden judicial federal, para que no sea extraditado.

Se quedan pasmados. Cuando es lo más normal que se agote cualquier procedimiento legal, bajo el principio de legalidad de que goza cualquier persona que se encuentre en territorio nacional, sea o no mexicano.

De tal suerte que, atentos a la Ley de Extradición, primero debe agotarse el procedimiento que se contempla en esa ley, misma que establece un proceso claro para acceder a la extradición de cualquier persona que sea reclamada por gobierno extranjero.

Nada extraordinario. Por eso el otorgamiento liso y llano de las suspensiones de los jueces de distrito, provisional y definitiva, quienes las han concedido para el efecto de que se cumpla con rigor la normatividad de la Ley de Extradición.

Lo que ha quedado en total opacidad es la declaración de las autoridades judiciales y del propio Poder Ejecutivo federal, en cuanto ve al cumplimiento de la sentencia que le falta por cumplir a Caro Quintero, en cualquier centro de reinserción social de la República Mexicana. Eso sí es una incógnita.

De acuerdo al artículo 11 de la ley de la materia, Caro Quintero debe compurgar su sentencia de prisión en territorio mexicano y después se obsequiará la extradición. Sin embargo, las autoridades callan como momias.

El 15 de julio pasado fue detenido el “capo”, fecha desde la cual el gobierno de México ha guardado sospechoso silencio en referencia al cumplimiento de la totalidad de la sentencia en cárcel mexicana.

Más sospechas presenta el asunto de Caro Quintero cuando ha quedado patente el apoyo que brinda el gobierno de López Obrador a los miembros de la delincuencia organizada. El asunto más obvio fue la liberación de Ovidio Guzmán, quien era reclamado por el gobierno estadounidense y el mismo AMLO ordenó su liberación, quebrantando el Estado de Derecho. No entregó al presunto delincuente. Total, aplicando su principio de acción política y legal que ha quedado plasmado con aquello de “no me vengan con que la ley es la ley”.

Las autoridades mexicanas también han mostrado sospechosísima participación en el contubernio relativo a qué orden de aprehensión privilegiarán, ¿la de los EU o la de las autoridades judiciales del fuero federal mexicano? También había una orden de aprehensión girada por autoridad competente en México para que, una vez detenido, cumpliera con la totalidad de la sentencia de prisión.

¿Pesó o no la orden de aprehensión venida del gobierno de los EU para que fuese detenido Caro Quintero?, ¿y su posterior extradición?, ¿AMLO juega con los estadounidenses? Se afirma que, gracias a la DEA, Caro fue localizado y detenido, el gobierno de la 4T no tenía la menor intención de detenerlo. El verdadero fondo del asunto no solo es legal, encierra un significado político en alianza con los narcotraficantes, aunque los legos en la materia solo atinen a resaltar y comentar sobre las suspensiones concedidas al “capo de las drogas”.

El juicio de extradición, si bien es expedito de acuerdo a la ley, la interposición de recursos legales podrá alargar la solución final, mientras que AMLO sospechosamente guarda silencio. Él prefiere quejarse por la extradición de Julian Assange, reclamado por los EU para que sea juzgado en territorio norteamericano y olvidarse de la extradición de Rafael Caro Quintero.

La idea del presidente López Obrador es molestar y molestar al gobierno estadounidense. AMLO encuentra cualquier resquicio mediático para resaltar su aversión para con los estadounidenses, aunque no los confronta abiertamente como cuando era candidato. Ahora ha sido doblado en dos ocasiones y aguanta las dobladas; primero Trump, ahora Biden. Solo grita y no hace nada, cual “pájaro chillón”.

En conclusión. Nada extraordinaria la suspensión definitiva otorgada a Caro Quintero, por parte de las autoridades federales, cuyo efecto es para agotar el procedimiento establecido en la Ley de Extradición. El fondo es otro. ¿Entregará AMLO al gobierno estadounidense o primero compurgará su pena de prisión en México? Vaya distracción.

Jurídicamente, primero es lo primero: que compurgue la pena de prisión en México y después ser extraditado a los EU. Así estará protegiendo el presidente López Obrador a su amigo y colaborador en la CFE, Manuel Bartlet Díaz, involucrado en los delitos cometidos por Caro Quintero, cuando era secretario de Gobernación. Otro asunto candente, la violación al T-MEC. ¿Cuánto tiempo aguantará el gobierno de Biden las burlas de AMLO?

---