La Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin ser jugador en la cancha electoral, decidirá las reglas del juego para las elecciones constitucionales en los estados de México y Coahuila, así como en el megaproceso electoral 2023-2024.

Mientras continúa la incertidumbre sobre el destino jurídico que le depara al INE, bajo el control de la morenista Guadalupe Taddei Zavala. Con el ingreso de los nuevos cuatro consejeros, la manipulación de los acuerdos quedó bajo el criterio político de Morena.

Los juicios de inconstitucionalidad ante la SCJN siguen su curso, y por supuesto, la intensidad de la batalla política disminuyó. AMLO ha dejado de instigar y vituperar a los consejeros. ¿Coincidencia? No. Está tranquilo con la morenista como presidenta del Consejo General. Desde la salida de los exconsejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, el presidente de la República guarda silencio. Eran los incómodos de López Obrador en materia electoral, nunca los pudo someter a sus caprichos.

AMLO también logró meter en la Corte a sus esbirros, aunque no ha conseguido los abusos que desea. Las ejecutorias han frenado sus apetencias políticas. Sobre el “Plan B”, continúa la suspensión otorgada por el ministro Javier Laynez Potisek, por ello no se aplican las reformas en materia electoral y más en las contiendas de las elecciones estatales del Estado de México y Coahuila.

Sin embargo, tras la impugnación que presentó la consejería jurídica del Poder Ejecutivo para que levantara la suspensión provisional concedida por Laynez, la obsequiosa ministra Loretta Ortiz Ahlf, encargada de elaborar el proyecto de resolución, proponía levantar la suspensión para que se aplicaran ¡ya! las nuevas disposiciones legales en materia electoral.

Sometido a consideración y votación el proyecto amloísta, la mayoría de ministros Luis María Aguilar Morales, Javier Laynez y Alberto Pérez Dayán, integrantes de la sala que conoce del recurso, votaron en contra la propuesta de Loretta. AMLO fue derrotado, también despotricó en contra del ministro Laynez por conceder la suspensión, argumentando que se había excedido y carecía de facultades. De tal suerte que los ministros, por mayoría, acordaron turnar a otro ministro la nueva propuesta que sostenga la suspensión provisional y no se apliquen las reformas del “Plan B”, hasta en tanto no se resuelva en definitiva.

La lucha jurídica y política es evidente. Aunque la ministra Loretta Ortiz sigue sin saber bien a bien de Derecho Constitucional, dado que jamás trabajó en esa área, tampoco fue litigante; de docente pasó a impartir justicia en el más alto tribunal. Con López fracasó en sus consultas para apaciguar la violencia criminal, lo mismo sucedió que con Alfonso Durazo; con ellos la violencia aumentó. La misma suerte corre la ministra Yasmín Esquivel, metida en problemas por deshonesta; ambas ministras obedecen a las indicaciones políticas de AMLO, no a la Constitución.

En cuanto al INE, tema que era primordial para el presidente Andrés López pasó a un segundo plano en importancia, debido a que ya controla los acuerdos del Consejo General por medio de Guadalupe Taddei, los nuevos consejeros y los que antes había impulsado la bancada morenista, ellos le dan la tranquilidad de poder manipular la voluntad de sus siervos.

Prueba de ello fue no sancionar al presidente de la República tras la acusación del PRD por violar la Constitución y hacer proselitismos en favor de su movimiento, con aquello de la arenga desde una de las mañaneras, para que voten en las próximas elecciones a favor de su movimiento para que gane la mayoría calificada en ambas cámaras, y en septiembre de 2024, el presidente incitador promueva reformas a la Constitución que puedan aprobar sus legisladores, a unos días de dejar el poder. ¿Para qué la prisa si él ganaría? El cinismo en todo su esplendor. Sin embargo, los consejeros no quisieron sancionarlo. La violación es evidente, hace proselitismos desde la Presidencia y utiliza recursos públicos en favor de su movimiento, acción prohibida y sancionada por la Constitución y ley electoral.

La diferencia de criterio. Los mismos consejeros electorales sí sancionaron a Marcelo Ebrard. Lo obligan a deslindarse públicamente de algunos promocionales y frenar la campaña que lo promueve como aspirante a la Presidencia de la República. Lo contrario acontece con la señora gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Ella sí hace campaña abierta y descarada; pero no es sancionada por la autoridad electoral.

Dos criterios distintos frente a conductas idénticas. La parcialidad es evidente. La protección es para unos y no para todos. Justicia administrativa electoral selectiva de los nuevos consejeros. ¡Por eso la gran incertidumbre!

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