El Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai) tiene la obligación de garantizar que toda persona goce del derecho a la información pública; los ciudadanos tienen el derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

El Inai, por medio del cumplimiento de sus atribuciones, puede ¡frenar los abusos de poder! Por esa razón de trascendencia, el gobierno de la 4T, por medio del pleno del Senado de la República, ha desdeñado el nombramiento de dos de los comisionados. Actualmente trabaja con 5 de 7 comisionados y pronto dejará el cargo un tercer comisionado, con lo cual el consejo no podrá funcionar, dado que requiere de 5 para el adecuado funcionamiento.

El gobierno de la 4T ha sido por demás omiso y se resiste a rendir información pública, pretextando razones de seguridad nacional, como sucediera con sus magnas obras. Así le ha permitido cometer toda clase de latrocinios con los recursos públicos; obras que aumentan de costo en miles de millones de pesos, sin mayores fundamentos, otorgamientos de contratos sin licitación. Luego el Inai es otro estorbo para el gobierno de López Obrador, tal y como ha resultado todos los organismos que gozan de autonomía constitucional. Gobierno autoritario que se niega a rendir cuentas.

El artículo sexto de la Constitución determina que el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. Obligación que no ha cumplido el gobierno federal; millones de mexicanos carecen de las tecnologías de la información y comunicación. Esos millones de mexicanos sí tendrán un tren que jamás en su vida utilizarán.

El mismo precepto constitucional determina que toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos púbicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones; la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.

Más obligaciones incumplidas por parte del gobierno de la 4T. Un ejemplo claro de la violación a dicho párrafo se encuentra en los hechos sucedidos por la irresponsabilidad del gobierno de la Ciudad de México en el accidente de la Línea Dorada del Metro; por falta de adecuado mantenimiento a las obras del Metro murieron 26 personas y se lesionó más de un centenar. AMLO decidió públicamente negar la información y si alguien requería de ella, el único autorizado para darla sería el mismo presidente de la República. Niegan la información pública y se inmiscuye en asuntos de su incompetencia. Protegieron a la señora responsable del buen funcionamiento del Metro; se fue sin rendir cuentas, y a más de un año de sucedidos los hechos, la muerte de 26 personas ha quedado impune. Y AMLO sigue negando información pública, mientras que Claudia Sheinbaum escondió los dictámenes de organismos internacionales en los cuales concluyeron que parte de la responsabilidad se debió a la falta de mantenimiento. ¿Así o más clara la incompetencia y negativa a rendir información pública? Se niegan a rendir información pública, incumplen la obligación constitucional. Eso sí, culparon a ingenieros y demás empleados que trabajaron en la construcción a razón de la mala calidad de la obra. ¿Y la falta de mantenimiento? Eso no cuenta para los culpables de la 4T.

Los senadores, aparentemente cumplieron con los trámites previos para el nombramiento de los dos comisionados; pero como se requiere votación calificada y Morena no la alcanza, se han olvidado de concluir con el trámite.

La comisionada presidenta, Blanca Lilia Ibarra Cadena, quien ocupa el cargo desde el pasado 26 de abril de 2018, asegura que ya tienen listos los recursos jurídicos para activarlos en caso de que se queden sin el quórum constitucional. Otro caso como el de los consejeros del INE; o les quita recursos públicos o los “destaza” jurídicamente para inmovilizarlos.

La idea es nulificar a los organismos autónomos y que no exijan al gobierno federal que cumpla con sus responsabilidades constitucional y legalmente. Blanca Lilia fue designada comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos por un periodo de siete años, empezando su gestión el 11 de mayo del mismo año; para el 10 de diciembre de este año dejará la presidencia del consejo del Inai.

¡AMLO no tolera frenos en sus abusos de poder!

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