La sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de ayer lunes 8 de mayo, corrigió la inconstitucionalidad cometida por los legisladores morenistas y la correspondiente promulgación por parte del presidente Andrés López Obrador de la primera parte del aberrante “Plan B” en materia electoral.

Encomiable la muestra de autonomía constitucional en el ejercicio de sus funciones mostrada por la mayoría de los ministros de la Corte, incluso de las traidoras a la Constitución.

La simple mayoría que representan los morenistas en ambas cámaras no les faculta para destrozar la Constitución.

La simple, pero trascendente violación en la forma y fondo del proceso legislativo, sin entrar al estudio de las normas reformadas a dos leyes fue suficiente para declarar la inconstitucionalidad de los abusos cometidos por los legisladores.

Los ministros no legislan, como tendenciosamente afirman los mentirosos de Morena; simplemente corrigieron los vicios que ellos cometieron durante el proceso legislativo. En esta ocasión fueron los razonamientos para declarar la inconstitucionalidad. Los legisladores no pueden violentar su propia normatividad simplemente por ser mayoría. ¡No! Tienen que sujetarse con rigor al marco procesal jurídico legislativo para que exista certeza en las acciones, no por capricho de la mayoría simple, incluso si hubiese sido mayoría calificada.

AMLO y sus huestes morenistas se lamentan, se rasgan las vestiduras y culpan a la Corte por sus errores y abusos en materia legal. ¡La ley sí es la ley y se respeta! Una vez más la respuesta constitucional al titular del Poder Ejecutivo.

Desde la cúpula del poder, el secretario de Gobernación, el notario público mentiroso, como cualquier vil delincuente, lanza “fake news” en su cuenta de Twitter culpando a los ministros por lo resuelto en la ejecutoria de la Corte. Mostrando ningún respeto a los miembros del Poder Judicial, los injuria y calumnia, política de Estado impuesta por el presidente de la República. Intolerante.

Mario Delgado, emulando al secretario de Gobernación, repitió las mismas falacias. ¡Par de ignorantes y mentirosos en materia de Derecho Constitucional!

La torcida retórica morenista en el sentido de que el pueblo está por encima de las instituciones por tener mayoría en las cámaras es totalmente falsa. Nadie por encima de las instituciones, ni el Derecho Positivo. El manejo irresponsable de la figura “pueblo” en manos caprichosas no se basa en norma alguna, simple defensa engañosa sin sustento. ¡Los ministros en contra del pueblo!, reza la retórica morenista. Mentira. El pueblo no pidió violaciones a la Constitución. La mayoría pueblo mexicano no está representada por Morena ni sus aliados, mucho menos están autorizados a “destazar”, en nombre del “pueblo”, a la Carta Magna.

Retórica morenista que consiste mañosamente en pretender hacer creer que la Corte no representa al pueblo, que representa a la oligarquía, a los neoliberales. Mal, muy mala y equivocada referencia de los abusivos de la Constitución. La Corte, si bien no representa al pueblo electoralmente, sí representa el dique constitucional para evitar cualquier violación por parte de autoridades abusivas y leguleyas que pretenden rebasar sus atribuciones en representación del supuesto “pueblo”.

Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel mantuvieron la sumisión que le deben a López Obrador; vergonzosamente votaron en contra del proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán. Para ellas, las violaciones procesales al marco legislativo fueron constitucionales.

Mientras que fue positiva la sorpresa constatar que la vergüenza constitucional le llegó al ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. En esta ocasión no respaldó a su mentor López Obrador. Su voto fue en contra de la orden de Adán Augusto López, secretario de Gobernación. No era posible acceder a lo absurdo, como sí lo hiciera con el disparate cantinflesco de la Guardia Nacional.

De tal suerte que en esta ocasión fueron 9 de los 11 magistrados los que decidieron y coincidieron en que la mayoría simple de legisladores morenistas y aliados violaron sus normas internas para aprobar ilegalmente una gran cantidad de reformas. Aunque los ministros no entraron al estudio del fondo del asunto, la forma fue violada, y en este caso, la forma también fue fondo en la ejecutoria de la Corte. Decidieron y aprobaron la inconstitucionalidad por parte de los legisladores; y la totalidad de ambas normas se fueron a la basura, sin validez legal alguna, ni con la promulgación y publicación que de ellas hizo el presidente de la República.

Tras lo resuelto por los ministros, la lógica jurídica indica que correrán la misma suerte el resto de las normas creadas bajo la constante de la inconstitucionalidad en el mismo proceso legislativo; por lo tanto, no entrarán en vigor para el proceso electoral 2023-2024 y el festejo anticipado del presidente quedó en el bote de los desechos.

Por eso anunciaba López Obrador su “tercer plan electoral”, traducido en el “Plan C”, frente al fallido “Plan B”: Adelantar las campañas y pedir abiertamente el voto anticipado en favor de su movimiento para dichas elecciones constitucionales, y así conseguir la mayoría calificada en ambas cámaras; entonces, en septiembre de 2024 poder destrozar la Constitución antes de su partida.

De ahí las descaradas precampañas anticipadas de sus “corcholatas”, habiendo incluido en la cuarteta a Ricardo Monreal, para que se una al desorden, al caos electoral; y este, jubiloso, agradeció al presidente que lo haya sentado a su lado junto a las demás “corcholatas”. AMLO amenaza con lanzar su convocatoria abierta. Más violaciones constitucionales que no tendrá sanción por parte de Guadalupe Taddei.

El pueblo, sin embargo, seguramente no le concederá el capricho. Pero el desorden electoral continúa bajo el eminente e inminente riesgo de quebranto constitucional.

---