Ayer jueves, por unanimidad de votos de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se desechó la petición de la Consejería Jurídica de AMLO, que solicitaba se suspendiera la discusión y, eventualmente, la aprobación del expediente de inconstitucionalidad que borda el primer paquete del arbitrario “Plan B” del presidente López Obrador.

Po instrucción presidencial, la consejera jurídica pidió a los ministros que resolvieran el añejo expediente registrado con el número 52/2018; según su razonamiento, porque ambos asuntos, el actual y el traspapelado, bordan el tema de la inconstitucionalidad de distintos artículos de la Ley General de Comunicación Social.

Burdas artimañas de los abogados ignorantes, de mala fe y mañosos que tratan de confundir a la autoridad judicial con argumentos falaces.

¿Qué pretendió el presidente López con detener el proceso de estudio, discusión y votación del proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán? Respuesta inequívoca. Pretender seguir ganando tiempo mientras continúa la guerra de amenazas a los ministros, infundir miedo y temor para que voten en contra del proyecto de Pérez Dayán; mientras sus huestes callejeras cumplen su cometido por medio de agresiones físicas y verbales. Es la estrategia delincuencial al carecer de argumentos jurídicos y legales para convencer y vencer resistencias; así se aplica Andrés López Obrados para “doblar” a sus oponentes que no acatan sus caprichos. Su táctica política: el vituperio, la amenaza, la calumnia, la estigmatización y, en un remoto caso, denuncias penales. A la par, entra en acción su grupo de “golpeadores”.

Así las cosas, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta del Poder Judicial de la Federación, sometió a consulta de los integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la solicitud de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal de no resolver la acción de inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas, hasta en tanto no se pronuncie sobre otra acción presentada en el año 2018 en contra del decreto por el que se expidió la Ley General de Comunicación Social.

Luego entonces, una vez hechos los razonamientos lógico jurídicos, los 11 ministros determinaron por “unanimidad” que no era factible atender dicha petición, ya que la impugnación presentada en 2023 se listó con fecha fija para el próximo lunes 8 de mayo, en términos de la legislación aplicable, toda vez que se ha tramitado con el carácter de electoral. ¡Carácter electoral! Otra fea exhibida a la ignorancia.

Así que el Pleno de la SCJN consideró que el análisis que comenzará el próximo lunes no provocará el “dictado de sentencias contradictorias” ni afectará los “principios de seguridad y certeza jurídica”, ya que en este asunto se impugnaron procedimientos legislativos que son distintos a los controvertidos en 2018, a pesar de que se trate de la misma norma (Ley General de Comunicación Social). Dejó de interesar a todas las partes el asunto del año de 2018.

Otro zape por unanimidad a la ignorancia jurídica. Asimismo, el proyecto relativo a la acción de inconstitucionalidad 52/2018 y sus acumuladas –a la cual no se le dio el trámite de materia electoral– no ha sido entregado a la Secretaría General de Acuerdos de la SCJN. Vamos, sigue en lista de espera. Esta vez las y el ministro lacayos morenistas se sumaron en contra de su protector político. Algo que debió molestar a López Obrador. Omitió comentarios en la mañanera de este día.

Mientras, el proceso de más violaciones constitucionales y legales a la normatividad de las cámaras de Diputados y Senadores sigue su curso. AMLO firmó los decretos, aunque aún no aparecen publicados en el Diario Oficial de la Federación.

Andrés López Obrador, sin embargo, sigue entretenido con su labor de vocero de la Presidencia de la República, peleándose con todo aquel que lo contradiga. Culpa a los chinos de importar fentanilo a México, asegurando que en nuestro país no se produce a pesar de las evidencias. Juró haber terminado con el huachicol y le descubren otra toma clandestina en el estado de Hidalgo, con enorme túnel y altares a la santa muerte y al demonio. Eso le sucede por mentiroso.

Y sigue defendiendo a sus hijos para librarlos de los actos de corrupción, promotores de varios delitos. AMLO ha cambiado tanto que, en tiempos de Peña Nieto, criticó con agudeza la Casa Blanca, cuyo costo se estimaba en 7 millones de pesos; a unos años de distancia, a López se le hacen poco 100 millones de pesos en los que se ve involucrado por tráfico de influencias su hijo Andrés. ¡Ah, bárbaro! Y eso que solo trae en la cartera 200 pesos y sus estampitas que no lo protegen del coronavirus, enfermedad que usa de pretexto para levantar cortinas de humo mientras fragua más daños a la nación.

En eso se entretiene mientras sigue hundiendo al país en un mar de incertidumbre al violar todas las normas electorales y la Constitución, haciendo diariamente promoción política en pro de sus “corcholatas”. En tanto el nuevo INE de Guadalupe Taddei niega sancionar a los precandidatos que se mueven como peces en el agua en abierta campaña político-electoral todo el país y en todos los medios de comunicación. Ricardo Monreal ya dobló su aspiración a pesar de las traiciones de López Obrador; no quiere enfrentarse, ni de chiste, al troglodita presidente de la República.

El lunes 8 será fundamental para la democracia y libertades en México. Millones a la expectativa de lo que resolverán los ministros. Y no hay autoridad federal ni local que los custodie y proteja frente a las abiertas agresiones físicas y verbales de los delincuentes. Violencia promovida desde el Poder Ejecutivo.

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