Vuelven a perder el Poder Legislativo federal, el Poder Ejecutivo, el Consejo de la Judicatura federal, el INE y las legislaturas de los estados, otro juicio de amparo. Esta vez la sentencia en contra de dichas autoridades se dictó en el estado de Querétaro, cuna del constitucionalismo y tierra que vio nacer la Constitución vigente de 1917, misma que no respetan y maltratan las autoridades federales perdidosas.

Antes de concluir el año, 875 autoridades judiciales ganaron el juicio de amparo por violaciones a sus derechos humanos promovido en contra de las autoridades antes descritas. En la “teoría jurídica” en manos de las autoridades judiciales se hacen respetar los derechos humanos violados por las autoridades federales; en la práctica, esas autoridades no respetan los derechos que violan flagrantemente, se resisten al cumplimiento de las resoluciones judiciales; es más, fuera de juicio hacen alegatos en su defensa, se defienden sin fundamento jurídico alguno y desdeñan la fuerza legal de las sentencias judiciales. No hay autoridad que las haga cumplir la ejecutoria.

Les comento. El juez cuarto de distrito en el estado de Querétaro, en materia de amparo, civil, administrativo y de trabajo y de juicios federales, el 30 de diciembre desahogó la audiencia constitucional dentro de los autos del expediente 1214/2024/VIII. Obvio mencionar que las partes no asistieron ni enviaron representante legal, no les interesa; bueno, ni alegatos en su inexistente defensa. De tal suerte que, en el único resolutivo, de la audiencia constitucional, la autoridad judicial determinó que, “la justicia de la unión ampara y protege a los quejosos en contra de los actos que fueron reclamados”; entre los actos reclamados están: “el proceso de insaculación de candidatos a jueces y magistrados, extinción de fideicomisos, cancelación o disminución de pensiones de juzgadores en retiro, reducción de percepciones, etcétera”.

Si bien el personal del Poder Judicial, que acudió al juicio de amparo continúa en el ejercicio pleno de sus atribuciones, las autoridades que violan los derechos humanos de los quejosos son omisas e ignoran el Estado de Derecho. Sencillamente, cual “coyotes de juzgado”, hace caso omiso a la sentencia de amparo y la “batean”. Se burlan públicamente, hacen sorna ¡Inconcebible! Mientras la presidente anuncia aumento a las pensiones de adultos mayores, prefiere hacer caso omiso a la sentencia.

La autoridad responsable de impartir justicia determinó en la audiencia constitucional que, por parte de los legisladores federales hubo un efecto corruptor, sin deliberación democrática en la aprobación; además, generaron vicios en el consentimiento de algunos legisladores habiendo ejercido coacción, amenazas y sobornos; hubo falta de condiciones de igualdad y libertad entre los hacedores de la reforma constitucional. El juez también dejó asentado en los autos de la resolución que un senador de Movimiento Ciudadano estuvo preso en el estado de Campeche, que no hubo quorum en esa sesión. Para demostrar los hechos que acreditaron la violación de derechos humanos, los quejosos presentaron versión estenográfica de las sesiones desarrolladas en las cámaras cuando aprobaron las ilegales e inconstitucionales reformas constitucionales.

Resulta interesante resaltar la referencia que realiza el juez de la causa sobre los criterios jurídicos sobre la interpretación que realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Convención Americana sobre Derechos Humanos; criterios que “sostiene” o debe sostener y no respeta el Estado mexicano –gobernado por Morena–, toda vez que forma parte de esos organismos internacionales y acepta dichos criterios de interpretación y aplicación y que, dice el juez, derivado de ello, las disposiciones constitucionales pueden ser materia de revisión por medio del control de convencionalidad. Lo cual indica que seguramente acudirán a esas instancias internacionales los amparistas.

De tal suerte que legal e imperiosamente surge la interrogante ¿Qué efectos debiera tener la sentencia de amparo?

Bien, que tanto legisladores federales, como la titular del Poder Ejecutivo, el INE, el Consejo de la Judicatura y las legislaturas de los estados, legal y literalmente dejen sin efectos todos los actos hasta hoy realizados; son nulos de pleno derechos.

Podrían reponer todos los procedimientos, pero serían otros actos jurídicos y de autoridad diferentes.

En cualquier régimen democrático, con un gobierno regido por el mandato del Estado de Derecho, ningún acto de los impugnados debe tener validez: todos están afectados de nulidad plena.

Así que, en tratándose de la reforma judicial y actos posteriores, lo hecho hasta la fecha por los legisladores y demás autoridades administrativas y legislativas carece de legalidad, dada la violación cometida a los derechos humanos de los quejosos por parte de las autoridades responsables, según la sentencia.

En el entendido que, la desobediencia a la resolución de amparo por parte de las autoridades responsables, legalmente debiera ser castigada. Sin embargo, esas autoridades no respetan el Estado de Derecho, para ellos no existe en México; solo vale su interpretación.

Conclusión. El poder corruptor de legisladores y desobediencia de la presidente hacen nugatorio el juicio de amparo, acorde al resultado de la sentencia de amparo.

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