Obedientes como sirvientes, morenistas van por debilitar económicamente al Poder Judicial, pretendiendo reformar la Ley Orgánica, con la finalidad de cercenarle atribuciones exclusivas.

Administrativamente quieren impedir que el Poder Judicial no tenga capacidad de administrar sus propios recursos. Y todo porque a López Obrador le incomoda la función de impartición de justicia, la que no se apega a sus caprichos ilegales e inconstitucionales.

Durante 4 años dejó trabajar tranquilamente al entonces presidente de la SCJN, ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien se plegó a la voluntad de AMLO. A la llegada de la presidenta Norma Piña, que no era su candidata para presidir el Poder Judicial, empezaron los arteros ataques de Andrés López Obrador, culpándola de todos sus fracasos legales, tildando a la ministra de corrupta, así como a los demás integrantes del Poder Judicial de la Federación. El colmo del atroz abuso del presidente del Poder Ejecutivo en contra de su homóloga, la presidenta de la SCJN.

AMLO los acusa de abusos en el ejercicio del presupuesto, imputación que no tiene fundamento alguno; sin pruebas no hay acusación válida. En las cuentas públicas no se ve reflejado el perverso criterio de López Obrador, solo golpes mediáticos para doblar a la presidenta, la cual se mantiene firme frente a los injustos ataques.

A López le molesta que “ganen” más que él, cuando que los ministros fijaron el parámetro por medio del cual se pudiera medir quién en realidad tiene un salario superior como servidor público. AMLO y los diputados federales se han negado sistemáticamente a transparentar el ingreso real del presidente López. Andrés Manuel tiene una percepción salarial superior al monto simple de sus emolumentos; no quieren transparentar todo lo que vale sostener a López, junto con su esposa, en el Palacio de Nacional, sus alimentos, viáticos, médicos, etcétera. ¡Se niegan a rendir cuentas! AMLO se caracteriza por opaco.

Así las cosas, el presidente siempre justifica que los ministros ganan más que él; AMLO perdió el juicio. A su quinto año de gobierno, sugiere que todos los impartidores de justicia sean “electos por el pueblo”; otra forma de molestar a jueces, magistrados y ministros. No los quiere. Claro, no los pudo someter, mucho menos podrá hacerlo en su último año de gobierno; bueno, ya es menos el tiempo que le queda.

Para continuar fastidiando al personal del Poder Judicial, AMLO sigue amenazando con reformar la Constitución si “su movimiento gana” la mayoría calificada en ambas cámaras en junio de 2024; dice que le daría tiempo en los últimos días de su mandato, el cual concluye en septiembre y las elecciones serán el 2 de junio. Perversos cálculos electoreros. Campaña desde la Presidencia de la República. Seguramente el electorado no le concederá cristalizar la perversa idea.

Así las cosas, el servil diputado morenista, de nombre Hamlet García, dio a conocer por medio de sus redes sociales su iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el propósito de “acatar la orden superior de López”: extinguir los fideicomisos multimillonarios del PJF.

También quiere ir sobre Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la Ley Federal de Defensoría Pública y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Todo un paquete de perversidades legislativas para debilitar a sus “enemigos” que le disputan el poder que AMLO pretende ejercer sin límites legales. ¡La apertura al autoritarismo!

El legislador morenista quiere que en el ámbito del Poder Judicial de la Federación no puedan crear ni mantener en operación “otros fondos o fideicomisos” adicionales a los que le indicaron. El legislador no tiene cerebro ni conocimientos para proponer de última hora la atrocidad legislativa. Solo quieren doblegar al Poder Judicial y someterlo a la voluntad de AMLO. Simple y llana conclusión.

El legislador morenista pretende “generar ahorros” hasta por 24 mil millones de pesos; por supuesto que los ahorros se irían a la Tesorería de la Federación. Se trataría de un “robo legislativo”. Es dinero del Poder Judicial y por simple decreto quieren agenciarse los recursos públicos que administra el Consejo de la Judicatura. En un “chispazo” de lucidez, el abusivo legislador anuncia que el mismo Poder Judicial liquide o extinga los fideicomisos del Poder Judicial. ¡Vaya!

El problema que no avizora el diputado, pero que sí reconoce, es que ni ellos ni AMLO pueden meter mano en los fideicomisos. Por supuesto que no, ellos no forman parte de los contratos; luego, ¿cómo se atreve a extinguir por decreto fideicomisos y quedarse con el dinero que manejan instituciones financieras? Por algo el diputado Jorge Romero Herrera, del PAN, adelantó que de aprobar la barbaridad que propone el morenista se inconformarán ante la SCJN por el evidente abuso inconstitucional. Aunado a ello, el morenista enlistó lo que para él y AMLO son privilegios de la SCJN. Van, pues, en contra de patrimonio del Poder Judicial.

Aquí algunos supuestos abusos, según el morenista: Gratificación de fin de año, 361 millones; cuotas para seguro de gastos médicos, 115 millones; cuotas para el seguro de separación individualizada, 246 millones; compensaciones garantizadas, mil 47 millones; asignaciones adicionales al sueldo, 602 millones; compensaciones de apoyo, 407 millones; pagos por riesgo, 7 millones; productos alimenticios para ministros, 52 millones; utensilios para preparar alimentos, 1.7 millones; productos alimenticios para personal derivado de actividades extraordinarias, 1.9 millones; vidrio y productos de vidrio, 68 mil pesos; servicio de vigilancia 146 millones de pesos; subcontrataciones de servicios a terceros, 60 millones; lavandería, 44 millones de pesos; servicios integrales de personas ajenas, 3 millones.

Insaciable el gobierno de AMLO. Terminó con los más de 300 mil millones de pesos de ahorros que le dejaron; acabó con más de 60 mil millones de pesos de otros fideicomisos; destruyó la construcción del Aeropuerto de Texcoco y generó una deuda de más de 300 mil millones de pesos; se quedó con el dinero de los programas sociales que destruyó; no compra medicinas y en espera de la “farmaciota”; destruyó al Seguro Popular y se quedó con todo. Pero regala dinero a manos llenas, obsequia a gobiernos extranjeros millones de dólares, pero pide dinero prestado. ¿Recuerdan los descuentos “voluntarios” al aguinaldo de los trabajadores? Así de tracaleros en el gobierno de la 4T.

Dejará en bancarrota las arcas federarles. Por eso le urge dejar en “paños menores” al Poder Judicial, sin contar que también pretende rebajar del gasto corriente de los administradores de justicia, más de 18 mil millones de pesos. ¡Literal: robo por decreto legislativo!

Se anticipa otro conflicto constitucional y legal. Una más que perderá López Obrador. Claro, en caso de aprobar la infamia legislativa.

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