Este día, los magistrados de la Sala Superior del TEPJF resolverán si deciden anular los procesos electivos que llevan a cabo Morena, PT y Verde Ecologista y el Frente Amplio por México conformado por el PAN, PRI y PRD, al considerar a ambos un fraude a la ley.

Los proyectos de sentencia van en el mismo sentido. Las ponencias aseguran que en ambos casos se presume la existencia de campañas adelantadas: fraude a la ley. Por ello proponen suspender de inmediato ambos procesos. Vamos, para que nadie se vaya a sentir.

Algo que vale la pena resaltar. Tanto el INE como el TEPJF dieron luz verde al proceso para elegir a quien represente la “Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Transformación”. Con las salvedades de no pedir el voto. Así los 6 participantes han estado haciendo una amplia campaña abierta, con publicidad en exceso en todos los medios de comunicación, grandes espectaculares, pintas de bardas. Se volcaron y no respetaron los lineamientos de las autoridades electorales, quienes consintieron todo. Y cómo no hacerlo si AMLO es el coordinador general de ese proceso.

Luego vino la creación del Frente Amplio por México, compuesto por PAN, PRI, PRD y la sociedad civil organizada. Aquí se complicaron las cosas para las permisivas autoridades electorales. PT se dolió del proceso y acusó al frente, quien recibió la aprobación del INE. Luego vino la queja de los del frente para con los otros que llevan tiempo en campaña.

Como era de esperarse, las cosas se salieron de control. Los medios de comunicación, encuestadoras, analistas y “expertos” en la materia iniciaron con claras especulaciones sobre los “candidatos” a la Presidencia de la República. El caos incontrolable y el proceso electoral no da inicio y las precampañas mucho menos; estas se realizarán en la tercera semana de noviembre próximo, de acuerdo a la Legipe. Y todo por la imprudencia del Presidente de la República, la anuencia y tibieza de las autoridades electorales que no detuvieron a Morena, la dejaron correr sola.

El escenario cambió radicalmente cuando la oposición se sube a la contienda electoral, pretendiendo ajustar a la ley su proceso electivo. Fue cuando el presidente López Obrador, desde la cúpula del poder, inició su campaña destructiva en contra del frente y sus candidatos. A los comodinos y violadores de la 4T también les molestó e iniciaron el combate en contra de todo lo que ellos habían hecho en exceso, esta vez par combatir a sus opositores que los rebasaron en unos cuantos días en las preferencias electorales de las encuestas y mediatización en las exhibiciones en los medios de comunicación. Se había emparejado los cartones y los libertinos tuvieron compañía en la campaña para elegir al candidato del Frente Amplio por México.

Así las cosas, Jorge Álvarez Máynez, diputado de Movimiento Ciudadano, interpuso recurso de revisión del procedimiento especial sancionador 221/2023 para controvertir el acuerdo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, que declaró improcedente la solicitud de medidas cautelares por él solicitadas, en el marco de la queja interpuesta contra Claudia Sheinbaum Pardo, Marcelo L. Ebrard Casaubón, Adán Augusto López Hernández, Ricardo Monreal Ávila, Manuel Velasco Coello, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña y del partido político Morena, por la posible realización de actos anticipados de campaña y el uso indebido de recursos públicos, con motivo de los eventos, recorridos y publicidad que se están realizando en el proceso de selección para la “Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Transformación”. Y vendrían más quejas.

Por su parte, PRD, PRI, PAN y Morena interpusieron los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador 231, 233, 236 y 237, todos del 2023, a fin de controvertir el acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, que solo declaró procedente la adopción de medidas cautelares, en su vertiente de tutela preventiva, respecto de las denuncias presentadas por Morena por hechos relacionados con la elección de la persona responsable de la construcción del Frente Amplio por México. Para Morena, el acuerdo de la comisión fue insuficiente, porque debieron emitirse lineamientos para que los funcionarios públicos que participen en el procedimiento no vulneren los principios de imparcialidad y neutralidad.

Luego, el PRD, PRI y PAN consideraron que el acuerdo careció de un estudio exhaustivo y las medidas preventivas decretadas innecesarias, porque se trata de actividades partidistas que se encuentran permitidas por la ley, por lo que debe dejarse sin efectos lo resuelto.

En estas condiciones, hay dos proyectos. La magistrada Janine M. Otálora Malasis propone la revocación de los acuerdos impugnados. Aquí parte de las consideraciones de las revocaciones en el expediente REP-221/2023, la revocación se propone porque es la Comisión de Quejas y Denuncias, y no la Unidad Técnica, la que debía de pronunciarse sobre la solicitud de medidas cautelares hechas por el denunciante. Y en los REP-231/2023 y acumulados, la revocación obedece a que el acuerdo de la comisión no fue exhaustivo en el examen de los actos denunciados, relacionados con el procedimiento para la selección de la persona responsable para la construcción de un Frente Amplio por México.

En ambos proyectos, la magistrada expone las razones por las cuales en lugar de devolver el asunto para que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE esta vez emita nuevas determinaciones en las cuales corrija los defectos advertidos, entrar a estudiar en “plenitud de jurisdicción” (de fondo), a partir del contexto que se encuentra desarrollándose, la relevancia y puesta en peligro de los principios y bienes constitucionales involucrados, se requiere que la Sala Superior del Tribunal Electoral emita un pronunciamiento específico acerca de si los procesos denunciados trastocan o no los valores fundamentales de la democracia mexicana. Y todo cambió con los dos contendientes en procesos electorales anticipados y no regulados específicamente por la ley.

Así que esta vez sí entraron en congruencia con la ley. De tal suerte que con el voto emitido por la magistrada Janine M. Otálora Malassis al resolverse el recurso de revisión de procedimiento SUP-REP-231/2023 y acumulados sancionador identificado con la clave SUP-REP-180/2023 y acumulados, en ambos proyectos propone ordenar la suspensión inmediata de los procesos, tanto de los partidos políticos Morena, PVEM y PT, como de los partidos PAN, PRD y PRI, al tratarse de estrategias que buscan defraudar a la ley para la realización de precampañas disfrazadas, que tienen como finalidad elegir a la persona que contenderá como candidato a la Presidencia de la República en el proceso electoral que está próximo a iniciar. Ello, a partir del análisis de los actos que actualmente se llevan a cabo como parte estos procesos. Curioso que ahora sí quieren detener a todos los competidores, cuando que antes dejaron correr solo al presidente y sus “corcholatas”.

En los dos proyectos detallan los actos y eventos de las personas aspirantes, a partir de los cuales (ahora sí) es posible advertir la existencia de posicionamientos públicos y elementos de propaganda que los han beneficiado, sirviéndose de los supuestos procesos como plataformas de sobreexposición para recorrer diversas entidades del país. Aunado a que los cargos partidistas por los que presuntamente compiten las personas denunciadas no existen dentro de las estructuras estatutarias de los partidos políticos denunciados, ni tampoco existe certeza sobre las funciones, obligaciones o alcances que tengan dichas figuras jurídicas, dada la opacidad con la que se han instrumentado los supuestos procesos partidistas.

Vaya que tardaron mucho en reconocer algo que era público y notoria la forma grotesca con la que las “corcholatas” se placean por toda la República, haciendo campaña político-electoral.

Entraron en razón. De ahí que este día propondrán ordenar la suspensión total e inmediata de los procesos denunciados y de todos los actos que se vinculen a estos, así como el retiro de toda difusión o propaganda que haga referencia al mismo o a las personas que se registraron como aspirantes.

¿Qué hará el irreverente y violador de la Constitución? ¿Se aguantará? A él le conviene, dado que sus “corcholatas” no se han podido levantar del suelo. Tendrá que cambiar de estrategia. Xóchitl Gálvez Ruiz destruyó en un par de semanas la casa de naipes construida por AMLO.

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