Los “expertos” enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos terminaron por desistir de su trabajo, ante la resistencia del gobierno federal de entregar pruebas que obran en poder de las Fuerzas Armadas, esas que han sido protegidas y encumbradas por el Presidente de la República.

AMLO, siendo opositor del gobierno de Enrique Peña Nieto, siempre ponderó el trabajo de los “expertos”, culpando a las autoridades de ese entonces de ocultar pruebas para que no se llegara a la verdad histórica, esa que había repudiado. Como crimen de Estado calificó López Obrador la desaparición de los 43 rijosos normalistas de Ayotzinapa. Personal del Ejército había participado.

Ahora, en su calidad de titular del Poder Ejecutivo, López Obrador se niega a entregar pruebas que, dijeron los “expertos”, obran en poder de las Fuerzas Armadas. AMLO entrampado en sus propias mentiras.

Siempre han colaborado las Fuerzas Armadas, asegura López, contrario a lo afirmado por los “expertos” comisionados por la CIDH. Precisamente contrario a lo que antes afirmaba el mitómano Presidente.

Enrollado en el lodazal de sus propias mentiras, ofrece, una vez más, a los familiares de los normalistas asesinados (para tranquilizar los ánimos), que pronto sabrán dónde están los 43 normalistas asesinados. ¿Dónde, AMLO? ¿Dónde? Casi 5 años de investigaciones del gobierno de la 4T y hasta hoy solo existen las pruebas de la verdad histórica señalada por Jesús Murillo Karam, preso por la supuesta tortura y otros delitos que le inventaron al exprocurador general de la República.

Alejandro Encinas, metido en el mismo lodazal, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, hace rato aseguró que pronto sabrían qué pasó con los desaparecidos. Nada hasta hoy, Encinas no ha vuelto a declarar; y AMLO, que en todo se involucra, mediatiza la información en contra de su administración.

A la vez que se van los “expertos” por falta de colaboración del gobierno federal, un juez de Distrito concede una suspensión definitiva en favor de Murillo Karam para que le sean aceptadas 15 pruebas que no aceptó el “juez de consigna” que le sigue el proceso. Al exprocurador le abrieron dos procesos penales; por lo pronto, en el primero de ellos gana la defensa. ¿Sucederá lo mismo que con Rosario Robles? Ella terminó libre de las acusaciones del gobierno de AMLO, todo fue una más de las venganzas que acostumbra el presidente López.

Murillo Karam no pudo participar en ninguno de los ilícitos que le imputa el gobierno de la 4T. Entre otros, tortura, desaparición forzada y coalición de funcionarios. ¿De dónde tanta imaginación? Muchos de los responsables gozan de libertad, mientras que otros que nada tuvieron que ver en la muerte de los 43 normalistas, se encuentran presos; a punto de cumplir en el mes de agosto un año de estar en la cárcel. Todo por intentar trastocar la verdad histórica, misma que hasta hoy sigue firme.

Mucho se han burlado del concepto de la “verdad histórica”. Los ignorantes carecen de conocimiento en materia penal. Precisamente lo que se investiga, en todos los casos, la llamada “verdad histórica”, que consiste en saber en los hechos qué sucedió, históricamente de deben probar los elementos de los delitos y la responsabilidad del o los inculpados. Los hechos forman la verdad histórica. Los neófitos hablan de la “verdad jurídica”. Esa se acompasa con la articulación de los preceptos de la ley aplicable, con la “verdad histórica”.

Total, los “expertos” designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se fueron decepcionados por la falta de colaboración del gobierno federal, y Jesús Murillo Karam gana una suspensión definitiva en uno de los expedientes para que el “juzgador de consigna” termine por aceptar las pruebas que ofreció la defensa del acusado y fueron rechazadas en perjuicio de la defensa del inculpado. ¿De cuándo acá se rechazan pruebas de defensa? El juez que le sigue el proceso a Murillo se parece al sobrino de Dolores Padierna Luna y René Bejarano Martínez (el señor de las ligas), ambos morenistas y amlosianos de corazón; me refiero a aquel juez que presentó una licencia de conducir falsa de Rosario Robles para negarle la libertad, por lo de la “estafa maestra”, que resultó una estafa mediática, política y publicitaria de López Obrador.

Esas autoridades judiciales son los llamados “jueces de consigna”. Hacen todo lo posible por culpar al acusado del gobierno, tuercen la justicia. De estos no se queja el presidente.

Así las cosas, todo parece indicar que poco a poco los abogados le irán ganando al gobierno federal y al fiscal general de la República, Alejando Gertz Manero, fiscal carnal de AMLO. Al tiempo.

El presidente López entrampado en sus propias mentiras. En septiembre se cumplirán 9 años de investigaciones, y todo por satisfacer a los rijosos de la Normal Isidro Burgos, lugar de donde salieron, entre otros, miembros de la Liga Comunista 23 de Septiembre, como Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, extremistas que generaron violencia en los años 70; el gobierno de la 4T (el Estado Mexicano) los reconoció como luchadores sociales en un acto oficial bochornoso, pidiéndoles disculpa; creando, a su vez, la “Comisión de la Verdad”, otro acto de manipulación mediática después de 50 años.

¿Ahora entiende el porqué AMLO se entrampó? El 23 de septiembre de 2019 reconoció a los agitadores de entonces, quienes generaron violencia y asesinaron al empresario cervecero Eugenio García Sada; intentaban un rescate de 5 millones de pesos por su libertad. ¡Para la familia del asesinado no hubo disculpa alguna! Para los guerrilleros sí. Cuentan que entre ellos se asesinaban por pensar distinto. ¿Cualquier semejanza después de 50 años es pura coincidencia con la manera de pensar y actuar de los miembros de la 4T?

Un guerrillero como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, ello forma parte del peligro que asedia a los mexicanos en las elecciones de 2024.

AMLO no resiste la tentación de mentir, volvió a ofrecer a los familiares que su gobierno seguirá investigando hasta saber en dónde están los 43 normalistas asesinados. Hecho que ha sido probado por medio de la verdad histórica que sostiene la 4T, pero se niega a reconocer.

Los “expertos” de la CIDH terminaron por culpar al gobierno de no dar información en poder de las Fuerzas Armadas. Vamos, el gobierno de Peña Nieto siempre les brindó toda clase de facilidades. ¿Por qué AMLO se las negó? ¿Qué esconde el gobierno de la “transparencia”? ¿AMLO le teme a las Fuerzas Armadas?

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