Es un hecho que tanto delincuentes como tiranos no aceptan sujetarse, someterse al Estado de derecho. Para ellos es más benéfico quebrantar la ley y conseguir así sus objetivos.

Para nadie es desconocido que el presidente López Obrador se resiste a sujetarse al Estado de derecho que protestó cumplir y hacer cumplir. Subordinarse a las leyes vigentes no es de su agrado, le impide gobernar sin cortapisas. Es más sencillo para el tirano violentar el marco jurídico y espetar: “no me salgan con que la ley es la ley”. De esta manera muestra su desprecio a las normas que le permitieron llegar a la Presidencia de la República.

En el trayecto del camino para acceder al máximo cargo de elección popular, Andrés López Obrador violó cuanta norma jurídica se le cruzó, abusando de su belicosidad y supuestas violaciones a sus derechos; los gobernantes en turno todo le perdonaron, le solaparon sus tropelías, con tal de no convertirlo en “mártir”.

Para los delincuentes también es más sencillo evadir la ley y cometer cualquier clase de ilícitos. Saben de la impunidad y a ella se arriesgan, más del 90 por ciento, según las autoridades. Y si los llegan a detener, durante el proceso tienen altas probabilidades de evadir la responsabilidad y obtener la libertad. Por eso pululan miles de delincuentes a lo largo y ancho del país. Otros más coptan a las autoridades o de plano las amenazan y así nacieron y se reprodujeron las llamadas bandas de delincuencia organizada; desde los raterillos hasta los grandes capos, le apuestan a violar la ley.

No hace diferente la conducta desplegada por el presidente López Obrador, entre el delincuente común y en el ejercicio de sus atribuciones presidenciales y todas aquellas las que están fuera de su ámbito competencial, lo que de suyo constituyen faltas administrativas y delitos.

Lo que sí hace la enorme diferencia es que López Obrador es un jefe de Estado, un delincuente con fuero constitucional. Titular del Poder Ejecutivo que abusa de sus atribuciones, sabiendo que las normas omisas lo protegen. El presidente de la República, durante su gestión solo puede ser acusado de delito grave y traición a la Patria. Si México viviera una verdadera democracia, AMLO ya hubiera sido acusado de ambos delitos y seguramente hubieran prosperado.

AMLO ha cometido delitos graves. Aquí uno de ellos: ¿Recuerda las más de 100 muertes en Tlahuelilpan, Hidalgo? Bueno, esas personas ni hubieran fallecido si el Presidente hubiese actuado como jefe de Estado. Pero no, López Obrador dio la orden de dejar a los huachicoleros que siguieran robando el combustible y las fuerzas armadas apostadas junto a los delincuentes, son atinaron a observar al festín del robo, y después, la conflagración. Hasta entonces intervinieron las autoridades. Sí, solo para recoger cadáveres y quemados. 137 fallecidos por la irresponsabilidad delictiva del Presidente de la República. Eso fue un delito grave.

¿Traición a la Patria? Desde el momento en que el Presidente ordenó dar abrazos a los delincuentes, estos se reprodujeron como cucarachas. Surgieron actos evidentes de terrorismo, solapados y no reconocidos por el titular del Poder Ejecutivo. Más de 160 mil asesinados y más de las dos terceras partes del territorio nacional controlado por los carteles. ¡Esa omisión de López Obrador no es otra cosa que traición a la Patria!

Así es como López Obrador ha burlado la aplicación de la justicia. Vitupera y calumnia a las autoridades responsables de impartir justicia, sea penal, civil, administrativa, electoral; para el Presidente solo aplica su tiránica voluntad. Califica de corruptas a las autoridades judiciales si no le dan la razón; las llama autoridades de la “santa inquisición”. AMLO no tolera, no soporta subordinarse a las resoluciones judiciales.

Desde el púlpito presidencial lanza ofensa, calumnias; abusa de su poder brindando información confidencial para hacerla pública; destroza cualquier prestigio de personas que no se someten a su déspota voluntad. Burla las sentencias, como las que emiten las autoridades electorales; las incumple y argumenta que lo quieren “censurar”, que le impiden ejercer su derecho a la libertad de expresión. Si eso quiere, que renuncie al cargo y se vaya de ciudadano común, para entonces, ejercer ese derecho que dice que le es conculcado por las autoridades, su derecho de ejercer la libertad de expresión. Pero no, cómodamente lanza toda clase de improperios desde su púlpito en ejercicio de su función presidencial. Craso error del tirano mandatario que repele sujetarse al Estado de derecho.

Sumado a la conducta delincuencial del presidente López, gusta de mentir con singular cinismo. No se cansa de tergiversar la verdad y crear su mundo paralelo que no coincide con la realidad. El último ejemplo de sus burdas mentiras fue el derrame de miles de barriles de petróleo en la sonda de Campeche. AMLO afirma que apenas fueron unos centímetros, unos cuantos litros, mientras que científicos han dado pruebas satelitales de la tragedia ecológica. Casi 500 kilómetros cuadrados de petróleo derramado.

Además, para no aceptar responsabilidades de su administración, accionando su característico cinismo, prometió investigar a las empresas petroleras que fueron contratadas; estas, las empresas particulares y no Pemex, probablemente sean las responsables de los incendios.

Y así, casi llegamos a 5 años con un delincuente en funciones de Presidente de la República. Y falta lo peor. AMLO sabe que su poder va disminuyendo, lo cual lo convierte en un mayor peligro para la incipiente democracia mexicana. El tirano puede enardecer y quemar todo antes de ceder el poder.

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