Para nadie es desconocido el conflicto político que generaron Mario Delgado y Citlali Hernández al modificar sus normas internas para prolongar su estancia al frente de la dirigencia nacional y quedarse hasta después del proceso electoral 2023-2024. Las “chicanadas” no las perdonan ni entre ellos mismos.

La idea fundamental de Mario Delgado y, por supuesto, impulsada desde la Presidencia de la República, es que ellos sean los que realicen la repartición de los miles de cargos de elección popular. Serán las elecciones más grandes de la historia. No es casual que Delgado acepte todas las triquiñuelas planteadas por López Obrador para la “designación” de quien será la o el abanderado a la candidatura para la Presidencia de la República, cuando que es atribución de la dirigencia y militancia, no del presidente.

Con Mario, López Obrador tiene garantizado el manoseo de todas las candidaturas, que si la tómbola, que si el sorteo, que si las encuestas. AMLO decide el método y Mario obedece.

Por esa razón no resulta casual el nerviosismo tanto de AMLO como de la dirigencia de Morena frente al resultado que vaya a arrojar la sentencia que dicte el TEPJF sobre la estancia o remoción de Mario Delgado y Citlali Hernández.

Un grupo de morenistas impugnó el proceso fraudulento que prorroga la permanencia de la actual dirigencia hasta pasadas las elecciones federales y locales. La estancia de Mario Delgado y Citlali Hernández al frente de su partido es incierta. Esos militantes morenistas que se inconformaron por el abuso de Mario Delgado, al prolongar su dirigencia más allá del periodo señalado en sus estatutos, están pendientes del resultado; no se desistieron del juicio. La división sigue latente entre morenistas.

Reitero, Mario Delgado y su camarilla pretenden seguir con el control en la repartición de las candidaturas para las elecciones de 2024. Esa fue la razón fundamental de la reforma a sus normas internas a la medida de lo ordenado por López Obrador, dueño del destino de su partido: Morena.

Habiendo dado lectura parcial al proyecto de sentencia, resulta que la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, Janine Otálora Malassis, propone decretar la revocación lisa y llana de las arbitrariedades de Mario Delgado y su camarilla, séquito de ladrones que se apropiaron de su partido hasta el 31 de agosto de 2024, pretendiendo manejar las elecciones concurrentes de los procesos electorales 2023-2024. Claro, bajo la anuencia de Andrés López Obrador, quien no se quejó del abuso, lo dejó pasar. Valores entendidos.

Los morenistas, nerviosos, lo han expresado ahora que se publicó el proyecto desde el pasado 4 del mes que corre; en Puebla lo hicieron público. El proyecto de sentencia que propone la magistrada es claro, explícito, bien fundado y motivado. El proyecto de decreto de sentencia generó preocupación en los demás partidos políticos, de suerte tal que fue la causa principal por la cual legisladores federales de todas las bancadas en la Cámara de Diputados, literalmente se “coludieron” para reformar diversos artículos a la normatividad del TEPJF para acotar las atribuciones de las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal. A los políticos les desagrada que la autoridad judicial electoral imponga orden a sus abusos.

Pero es la misma militancia de los partidos políticos la que alza la voz y se inconforma cuando sus dirigentes abusan, que es frecuente, en agravio de quienes conforman la base de la militancia. Los magistrados electorales simplemente imparten justicia frente a las impugnaciones que llegan a su conocimiento. Jueces que interpretan la Constitución y leyes electorales e imparten justicia. Obligan a quienes quebrantan las normas a respetar las leyes, sean de derecho positivo o normas internas. Ese imperio de la ley no les agrada, por eso la “colusión” de las bancadas de los partidos en la Cámara de Diputados, quieren acotar las decisiones judiciales y que no se entrometan en la vida interna de los institutos políticos.; quieren estar fuera de la ley.

En estos casos nada los hace muy diferentes a López Obrador, quien siempre se molesta cuando autoridades del Poder Judicial aplican el Estado de Derecho para restablecer el orden constitucional.

El equilibrio de poderes se constituyó para ello, nadie por encima de la ley. La Constitución y todas las leyes que de ella emanan tienen el desglose detallado de sus atribuciones, sus funciones están acotadas. El Poder Judicial Federal está para impedir los abusos de cualquier autoridad. Esa es la función de los impartidores de justicia. Ninguna autoridad tiene facultades omnímodas, como lo pretende AMLO. Ninguna orden de autoridad es discrecional en perjuicio de los particulares.

La locura de los morenistas en la Cámara de Diputados; van por reformar varias normas para atribuirse facultades inconstitucionales, como iniciar obras sin autorizaciones, invadir propiedad privada sin el pago de indemnización, rescindir contratos sin responsabilidad para el gobierno federal, etcétera. ¡El régimen jurídico del caos! ¡Directo al autoritarismo! El tiempo se le termina a López Obrador, quiere eliminar cualquier contratiempo u obstáculo para sus caprichos derrumbando el Estado de Derecho, que las autoridades judiciales no le impongan suspensiones, mucho menos que le dicten sentencia condenándolos al pago de cientos de millones de pesos por arbitrarios.

Retornando al tema electoral. El pleno de la Sala Superior del TEPJF debe confirmar el proyecto de decreto de la magistrada Janine Otálara. Propone revocar el periodo de la dirigencia de Mario Delgado, lo que obligaría a renovar la dirigencia antes de que inicie el proceso electoral en los próximos meses. No pueden los morenistas llegar al proceso electoral de 2024 con una dirigencia de partido espuria que solo busca beneficios personales y de grupo. Sin lugar a dudas que sería un duro golpe a las ambiciones políticas de AMLO, quien también busca a toda costa la manera de prolongar su estancia en la Presidencia de la República.

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