¡Al diablo con las instituciones! Sigue siendo un principio inalterable del presidente de la República, dogma que siguen al pie de la letra los morenistas. Así es como, sin respeto alguno al Estado de Derecho, han destruido instituciones, incumplen con sentencias emanadas de las autoridades jurisdiccionales, inventado cualquier pretexto para no acatar la resolución.
El peligro inminente se seguir cayendo hacia una dictadura, bajo la autoridad de un autócrata que invade funciones o se arroga atribuciones inexistentes o contrarias a la Constituciones y leyes secundarias. La tiranía en ciernes.
Incumplir con la ley, parece un dogma religioso de morenistas. Así vemos a legisladores que se resisten a cumplir con las sentencias de las autoridades del TEPJF, inventando argumentos, además de inválidos, fuera del procedimiento jurisdiccional que carecen de valor. O al presidente de la República, despotricando en contra de las resoluciones en los juicios de amparo o ejecutorias de inconstitucionalidad de sus arbitrarios actos; el colmo, manda investigar a las autoridades que sentencian en su contra, no sin antes calificarlas de corruptas y aliadas del conservadurismo. La finalidad es no cumplir con los mandatos judiciales.
Dura y difícil la tiene la presidenta de la SCJN, representante del Poder Judicial de la Federación. ¿Cómo hacer para que autoridades administrativas y legislativas que viven bajo un régimen que se gobierno con las reglas del Estado de Derecho y que, cada Poder del Estado, tiene sus atribuciones sujetas, además de limitades, en el contexto de una relación armónica que permita vivir civilizadamente, cada quien cumpliendo con lo que mandata la Constituciones y demás leyes; los particulares también están subordinados al mismo sistema, no pueden hacer lo que les place, como los delincuentes que son premiados con abrazos por el gobierno morenista en lugar de ser castigados con el imperio de la ley.
AMLO acuño aquella fatídica frase y sus seguidores la cumplen cual mandato legal. Reina el imperio del voluntarismo presidencia, gobierna sin “redil” que lo contenga. Toda esa camarilla se sabe impune frente a cualquier intento de ser sancionados por las autoridades. Por ejemplo, de los últimos actos de barbarie electoral, sin el menor asomo de civilidad, un grupo de diputadas y diputados federares de Morena, reconocieron haber constituido un fondo de 20 millones de pesos, para pagar espectaculares de publicidad en favor de su candidata a la Presidencia, Claudia Sheinbaum. Violan flagrantemente la Constitución y normas electorales ¿Son ignorantes? ¡No, son arbitrariamente abusivos!
Por enésima ocasión el INE y el TEPJF emitieron recomendación y sentencia a Claudia Sheinbaum a fin de desligarse de la campaña anticipada. La señora argumentó que nada tuvo que ver con la campaña de posicionamiento electoral; no sin antes haberse quejado de las autoridades electorales, bajo el fatuo argumento de que: “les cuesta mucho trabajo pensar que una mujer está arriba en las encuestas y, además, están en contra de todo lo que representa la cuarta transformación”. A la señora Sheinbaum no le preocupó haber violado el Estado de Derecho; claro que no, se defendió y argumentó que ella está arriba en las encuestas. Claro, implícitamente reconoce que violan normas electorales, indudable prevalece el dogma de fe: quebrantar la ley no trae consecuencias.
Las y los diputados federales morenistas a regañadientes dijeron que quitarían la publicidad mediática y electoralmente adelantada, esparcida por toda la República Mexicana. Se quejaron de limitar su derecho de libre expresión de las ideas. Los tramposos pretenden darle la vuelta para no cumplir con el Estado de Derecho. ¿Y los 20 millones de pesos que reunieron y que aceptó la diputada Patricia Armendáriz, de dónde salieron? También constituye una falta que podría llegar a un delito. ¿Lavan dinero? ¿Una “vaquita” de 20 millones de pesos?
En cualquier competencia legal y legítima, existen reglas que norman la competencia que deben cumplir los participantes. Pero, en el descarado incumplimiento a las leyes, el mismo presidente López Obrador, resulta ser el principal incitador a violar las normas jurídicas. Él fue quien “destapó” a sus aspirantes a la Presidencia de la República, en tiempos alejados del inicio de la apertura del próximo proceso electoral federal; hasta septiembre próximo dará inicio el proceso 2032-2024.
Tanto INE como el TEPJF no se han cansado de sancionar las conductas ilegales, ¿y qué sucede? ¡No pasa nada! Los promotores del caos continúan en la misma postura de quebrantar las leyes. No están dispuesto a perder esas elecciones, son capaces de toda clase de delitos antes que perder.
Sin embargo, los mismos morenistas están confrontados; las “tribus” del PRD subsisten en Morena. Otro grupo de diputados morenistas se inconformó, no porque Sheinbaum se haya adelantado; ellos también lo han hecho; les incomoda y les molesta el fondo de 20 millones de pesos que reunieron en favor de la señora. El grupo inconforme respalda a Marcelo Ebrard, esa es su gran molestia.
El partido político Movimiento Ciudadano, por medio del diputado Jorge Álvarez Máynez, presentó denuncia ante el INE para sancionar a los irresponsables legisladores que están gastando millones de pesos fuera del proceso electoral ¡Habrá alguna consecuencia legal? Nada les pasará. Para entonces ya no estará Lorenzo Córdova Vianello, actual presidente del Consejo General del INE, quien posiblemente lo conviertan en perseguido político y le cargarán más de la comisión de algún delito. Ya empezaron con que ha gastado cientos de millones de pesos en asesorías, así como otros gastos que, para los críticos de Morena, servirán de fundamento para acusarlo.
Así las cosas, bajo el “dogma de fe” morenista de incumplir las normas electorales con el manto de la impunidad, los “rebeldes” al Estado de Derecho ya ensucian el proceso electoral del 2023-2024.
Serios problemas tendrán las autoridades del INE cuando tengan que resolver cancelación de candidaturas. Para entonces habrá 4 nuevos consejeros, entre ellos un presidente del Consejo General que sustituirá al doctor Lorenzo Córdova.
El supremo poder de la Presidencia de la República intentará a toda costa imponer su voluntad por la fuerza, contrario al Estado de Derecho. La nueva presidenta de la SCJN, doctora Norma Lucía Piña Hernández tendrá que luchar contra un monstruo de mil cabezas. “Podríamos” llegar a tener violentas revueltas por la irreverente actitud de quienes hoy nos mal gobiernan.
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04
Ene 23
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