Lo advertí en alguna de mis columnas: se avecina disputa jurídica entre poderes. Y cómo no advertirlo, si le echan montón el Ejecutivo y Legislativo al Judicial para debilitarlo, para doblegarlo; no sin antes vituperarlo, como es costumbre del presidente Andrés López Obrador, quien jamás tiene prueba alguna para demostrar o probar que sus mentiras no son mentiras. Así que solo confirma su mitomanía para lograr sus propósitos.

El silencio, dijo la presidenta de la SCJN, no significa inacción, también significa prudencia. Ayer jueves sostuvo una reunión con funcionarios del Poder Judicial para estar atentos a la suerte que corra la iniciativa aprobada por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, por medio de la cual se pretende vulnerar la autonomía e independencia del Poder Judicial.

Entre otras cosas, dijo la ministra presidenta: “Nos reunimos hoy no para darles respuesta sobre procesos legislativos que están en curso, sino para pedirles que les transmitan a los jueces, a los magistrados que representan y a todos los integrantes que contribuyen a la labor jurisdiccional, que estamos ministros, consejeros y diversos funcionarios del consejo y de la Corte absolutamente dedicados a ver por los derechos de todos los que conformamos el Poder Judicial Federal, a ver por la autonomía y la independencia de nuestra institución”.

Vamos, por primera vez y de manera sorpresiva, los responsables de impartir justicia, abrieron institucionalmente el frente de defensa de los derechos de los miles de trabajadores del Poder Judicial. Ejecutivo y Legislativo, intentando vulnerar los derechos de aquellos que defienden los derechos de terceros. Legos del Derecho, en conflicto con los doctos en Derecho. El fondo del asunto en disputa, si bien tendrá el “clímax” constitucional y legal, la verdadera razón de los conflictivos se basa en “derrotar al Poder Judicial”, inhabilitarlo económicamente, trastocando la independencia y autonomía de otro de los poderes. En su caso, la SCJN, tiene el derecho, la facultad de programar y elaborar su propio presupuesto, párrafo 10 del artículo 100 de la Constitución. Precepto que no requiere mayor explicación y tanto AMLO como los legisladores están a punto de violar ese artículo, lo que conlleva a la interposición de un juicio de inconstitucionalidad y tal vez también de la controversia constitucional.

¡Ah!, pero AMLO y su populismo que no falta adelanta que sería bueno que los ministros acepten el “tijeretazo” de 15 mil millones y la desaparición de más de una docena de fideicomisos, para regalar ese dinero en “becas para estudiantes de familias pobres”. Vaya sinvergüenzada del presidente López. Ahora resulta que “sería maravilloso que aceptaran los ministros” violar derechos laborales de los empleados del Poder Judicial. El presidente busca que sus fanáticos aplaudan la acción y reprueben el rechazo de los ministros. Otra vez el populismo como sostén de una política agresiva que lesiona derechos. ¡Los trabajadores no aceptarán!

Por otro lado, la reunión que sostuvo la ministra presidenta de la SCJN con personal del Poder Judicial lleva la dedicatoria: preparen sus juicios de amparo. También será viable la “lluvia” de amparos, dado que los fideicomisos que administran recursos públicos son utilizados (entre otras cosas) para el cumplimiento de derechos laborales. Afectación directa a la esfera de derechos humanos del personal del Poder Judicial.

En la Cámara de Diputados, el inútil del coordinador de la bancada de Morena, simple y llanamente, sin mayor argumentación, alega que no se afectan derechos de los trabajadores, que los únicos afectados son los “privilegios de los de arriba”, entiéndase de las y los ministros. Ignacio Mier dijo: “Es un derroche, son lujos para unos cuantos a costa de miles de trabajadores del Poder Judicial que se quejan; se beneficiaría “a más de un millón y medio de mexicanos, en lugar de tener privilegios 11 ministros de la Corte. Le vamos a quitar el copete a los de arriba, nada más”. ¡Falaz argumento!

Juegan con la mediatización de sus mentiras que se difunden en los medios de comunicación, los cuales no entran al análisis jurídico de los abusos que pretenden cometer; claro que no, simplemente difunden la mentira a sabiendas que alteran la verdad y encaminan los “odios” hacia los ministros.

Esta vez, la presidenta de la SCJN y el Consejo de la Judicatura advierten prudentemente: “el silencio no implica inacción”. Norma Piña no es de confrontaciones, es de resultados; mucho menos lleva los conflictos a los medios de comunicación. La confrontación será jurídica y esa se discute y se prueba en los tribunales, no en los medios de comunicación, como es costumbre de López Obrador, quien mediatiza, politiza y tergiversa la realidad.

Constitucional y legalmente se antoja como un buen “bocadillo” para los doctos en Derecho. Para los políticos es la medición de fuerzas entre poderes públicos. Para el pueril presidente López Obrador se trata de someter a su voluntad al Poder Judicial a costa de los justiciables y los trabajadores del Poder Judicial.

Además, está el recorte al presupuesto del Poder Judicial, que sería de otros 15 mil millones de pesos para 2024. Estamos hablando de 30 mil millones de pesos, de un presupuesto que ronda los 84 mil millones de pesos. Falta mucha historia por escribir sobre los abusos y atropellos del gobierno de la deformación.

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