¿Gobierno paternalista o de negocios?

Una noticia que molesta mucho a la oposición y a muchos emprendedores y empresarios es la política social del gobierno federal, que no está muy alejada con la política social que impulsan gobiernos estatales y municipales.

La describen como “el Estado paternalista”, todo porque AMLO ha decidido dedicar el dinero de nuestros impuestos a ayudar a la gente que el gobierno etiqueta como vulnerable.

La realidad es que es facultad de un gobierno elegir en qué gasta. Para eso vota la gente.

Así lo hacen el gobierno del estado o los gobiernos municipales, que impulsan igual programas “paternalistas”, con sus diferencias con los del gobierno federal, pero igual, con un sentido paternalista.

El presupuesto de gastos del gobierno federal para el año próximo –2023–, que ya aprobaron los diputados federales, contiene una gran noticia que esperaban desde tiempo atrás alrededor de 10 millones de mexicanas y mexicanos, adultos mayores.

Fue aprobado el aumento de la pensión bimestral de 3 mil 850 a 4 mil 812 pesos. Es un aumento del 25 por ciento, mucho mayor a la inflación.

De acuerdo con el presupuesto, se proyecta aplicar 335 mil 499 millones de pesos al programa, cifra 34.2 por ciento por arriba de lo destinado este 2022.

La pensión universal, que por derecho constitucional corresponde a los adultos mayores del país, se incrementará 25 por ciento a partir del año próximo, por lo que quedará en 4 mil 800 pesos bimestrales, con la perspectiva de que para 2024 llegue a 6 mil pesos cada dos meses.

El hecho es de celebrarse por diversas razones, aunque a cierta parte de la sociedad –principalmente a los que se encuentran en la oposición– no le guste, pero eso sí, respaldan lo mismo que hacen gobiernos estatales y municipales del PAN y PRI, pero mal aplicado, con una fuerte dosis de corrupción y discriminación.

La más obvia de las razones de reconocer es que la pensión referida es un instrumento de primer orden para evitar que la edad avanzada y la merma de capacidades físicas que suele traer aparejada se conviertan en un generador de pobreza, y particularmente de pobreza alimentaria, en un entorno social en el que los diversos regímenes de pensiones distan mucho de cubrir al conjunto de la tercera edad.

Otro de los motivos que dan relevancia a este incremento progresivo de las pensiones universales es que con ellas no solo se benefician sus titulares, sino que también ejercen un efecto positivo sobre su entorno familiar y económico, en la medida en que significa una masiva y sostenida inyección de recursos en ámbitos sociales que la requieren con urgencia para lograr una mínima reactivación.

Y si el monto de las pensiones puede parecer insuficiente y mínimo en lo individual, cuando se observa a nivel de barrio, comunidad o municipio, es claro que tiene un efecto en el incremento del consumo, e incluso, en la generación de empleos, en pequeños emprendimientos familiares.

En un ámbito menos susceptible de mediciones, pero no por ello menos relevante, debe apuntarse que el hecho de que al llegar a la vejez las personas puedan contar con un ingreso fijo y seguro, así sea magro, redunda en su autoestima y en el respeto que, en no pocas ocasiones, se les escatima, por considerarlas personas improductivas o incluso una carga” para la familia.

Las pensiones no solo les otorgan autonomía en el manejo de su dinero, sino también la posibilidad de aportar parte de este para contribuir con los gastos del hogar, y con ello, cambia sustancialmente la situación anímica de muchos adultos mayores.

Las diferencias de este programa con los que impulsa, por ejemplo, el edil de Corregidora, Roberto Sosa, es, primero, que es universal, mientras que los del gobierno de Sosa son discriminatorios, porque solo a unos cuantos les entrega, ya sea calentadores –comprados a precio alzado y que no son de primera necesidad– o becas para estudiantes, pero solo “estudiantes” a modo de la autoridad municipal.

Principalmente porque hasta la credencial de elector y una carta de agradecimiento al edil se pide en las convocatorias, donde solo 3 mil son los “beneficiados” o, como dicen en el CAM, “privilegiados”.

Programas asistencialistas, paternalistas son todos.

Ya lo dijimos: Es facultad de un gobierno elegir en qué gasta. Para eso vota la gente, solo que el gasto del presupuesto tiene que ver con la visión de Estado... o con la ambición personal del gobernante.

En el caso de las pensiones para adultos mayores es lo primero, en el caso de Corregidora se trata de un “politiquillo”, de un vulgar ambicioso que cree que descubre el hilo negro y el agua caliente en materia de políticas sociales.

Todo lo hace negocio personal, desde la renta de patrullas o de las camionetas Van, o el último que fue el Festival Huesos, que fue un negocio redondo para el edil que vendió desde cerveza y cajones de estacionamiento –improvisados y sin permiso, obvio–, por mencionar algunos de los esquilmos.

Pero esos son solo algunos “negocitos”, el verdadero negocio está con las desarrolladoras inmobiliarias, en las autorizaciones de los cambios de uso de suelo.

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