Un grupo de 60 mexicanos que algunos califican con el adjetivo de “intelectuales”, firmaron una carta el pasado 4 de marzo, en la que expresan su “preocupación fundada en el uso del poder del Estado para incidir en el destino de los comicios”. El fin ¿Qué pretenden estas personas? Que la Procuraduría General de la República, deje en paz a quien se le relaciona con el posible delito de lavado de dinero, o sea a Ricardo Anaya Cortés. Si usted da lectura a cada uno de los nombres de los firmantes, podrá apreciar que muchos de ellos son activistas permanentes; otros, como ellos lo dejan en claro, pertenecen a distintas fuerzas políticas, luego entonces, como militantes de sus partidos políticos e integrantes del Frente, sin lugar a dudas su opinión es eminentemente sesgada y parcial.

Si en verdad fuesen “intelectuales”, dejarían que las autoridades hicieran su trabajo, exigirían a la PGR que cumpla con su responsabilidad de investigación, en cumplimiento al estado de derecho y no bajo presión pedirle al Presidente de la República, que se deje en paz al candidato del Frente, de la alianza, a pesar de que pudiera estar involucrado en actos delictivos; y todo porque estamos en proceso electoral. Sin menosprecio a ninguno de los firmantes del documento, me pregunto ¿Quién los califica o adjetiviza de intelectuales? La mayoría son como cualquier mexicano, sin mayores éxitos de intelectualidad que los distinga de los demás ¿Acaso son los cargos públicos, que por suerte y compadrazgos han ocupado, eso los hace intelectuales? Otros de los firmantes son dirigentes de Organismos no Gubernamentales y eso tampoco los hace intelectuales, ni distintos al resto de la población. Calificarlos como entes superiores por su “intelectualidad”, más bien parece una presión política para conseguir sus aviesas pretensiones que son eminentemente sesgadas y políticas.

Veamos a quién debe considerarse como “intelectual”. Es toda aquella persona que se dedica fundamentalmente a actividades o trabajos en los que predomina el uso de la inteligencia. Partiendo de ello, todos somos “intelectuales”, salvo prueba en contrario. Así las cosas, entre los intelectuales del país podemos encontrar a “escritores y científicos de fama internacional". Por lo tanto, la mayoría de los firmantes no cubren el requisito de ser considerados como “intelectuales”. Conclusión: se trata de simples activistas que pretenden presionar al gobierno federal, por medio del Presidente de la República, para que no investiguen más a su candidato: Ricardo Anaya Cortés. Y es que, de la simple lectura del documento que envían al Presidente de la República, dejan en claro distintas imprecisiones jurídicas que contravienen varias disposiciones de la misma Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, como el artículo 21. Y cómo no van a incurrir en el error los “intelectuales” que no jurisconsultos, al calificar al Presidente de la República, como “la máxima autoridad responsable de este proceso” ¡Por favor! En los 60 nombres que calzan el documento no hay un solo perito en derecho penal, tal vez sea esa la razón de su ignorancia jurídica. La evidencia los delata, son activistas que aparecen en constantes eventos en contra del gobierno priista, son opositores bañaos de una falsa intelectualidad y presumen de demócratas.

Para colmo de la estupidez, los “intelectuales” traen a colación al asunto del frustrado desafuero de Andrés Manuel López Obrador, en el año 2005, afirmando que ese asunto “abrió brechas de polarización en la sociedad, que aún dividen y lastiman la convivencia social en nuestro país”. Una vez más los detractores del gobierno de Enrique Peña Nieto, dan muestra de su ignorancia plena del derecho penal. Al menos se hubieran asesorado de quien sí conozca y domine esa materia del Derecho. Pero no, los dislates o disparates los evidencian. Olvidaron los “intelectuales” que el señor Andrés Manuel López Obrador, como jefe de Gobierno del otrora DF, violó una sentencia de un juicio de amparo, no cumplió la ejecutoria de amparo que obligaba a la autoridad administrativa superior –López Obrador- a dar cumplimiento a la misma; por lo tanto, si hubo violación a una sentencia federal, se constituyó una figura delictiva y un presunto responsable que debió ser juzgado; eso obligaba a las autoridades a procesar penalmente a Andrés Manuel, pero el odiado fuero lo protegió y la presión política de los radicales también; pruebas de hechos semejantes a ello hay en muchas instancias en toda la República Mexicana, presidentes municipales –entre otros- destituidos y procesados por no cumplir una sentencia de amparo. Sin embargo, se perdonó a Amlo, quien violentó la ley en su beneficio; ah, pero como era jefe de Gobierno y candidato fue privilegiado con la impunidad, a la que están acostumbrados los políticos y magnates.

Aquellos actos no dividieron al país señores “intelectuales”, ustedes son los que lo dividen con sus posturas sesgadas, radicales y oportunistas, pretendiendo proteger a un probable, –reitero- probable delincuente, en amparo bajo el principio de inocencia consagrado en la constitución. La PGR debe investigar y si ello les incomoda, ni modo señores y señoras “intelectuales”: la ley no distingue. Si Anaya resulta no estar relacionado con los posibles hechos delictivos de su amigo Manuel Barreiro y la empresa “fantasma”, nada pasará; pero, de estar involucrado, deberá ser inculpado y procesado como cualquier otro delincuente y no por ser “líder” de una coalición electoral, debe gozar de privilegios diferentes al resto de los mexicanos. Ya lo dijo su compañero de partido y presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Así de simple es la situación que ustedes, sin mayor razón que su sesgada opinión y proclividad a su candidato, lo pretenden defender sin argumentos jurídicos sólidos -su postura es política y oportunista- buscando que Ricardo reciba un trato diferenciado, privilegiado como al que ustedes están seguramente acostumbrados. Los que estudiamos la licenciatura en derecho, se no dijo que la justicia es ciega, luego no tiene porque, en el caso particular de su candidato, ser distinto el trato, como lo fue en su momento para Andrés Manuel López Obrador. Quien resultó “amnistiado” a fin de cuentas ¿Desean se vuelva a repetir lo mismo? Y el asunto ha trascendido a la Cámara de Diputados, lugar que lo ocupan como arena de combate para asuntos ajenos a su responsabilidad y por supuesto con argumentos y posturas políticas alejadas del derecho. Así no se puede. Es evidente que, sin que se sepa en realidad si Anaya es o no responsable del delito de lavado de dinero, con anticipación lo pretenden amnistiar y brindarle el manto protector del fuero. Por cierto, otro craso error de conocimiento jurídico de Ricardo Anaya, amenaza con enjuiciar al Presidente de la República, de llegar a ganar la Presidencia. Este tipo aventaja a todos en su imprudente ignorancia ¿Querer juzgar cuando llegue a ocupar el cargo del ejecutivo, cuando esa actividad es competencia del Poder Judicial? Eso sí que es ignorancia del Estado de derecho. Y así nos quiere gobernar. ¡Pobre México!

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